La semana pasada fue la del derecho farmacéutico. La Fundación CEFI congregó a más de 200 personas en una nueva edición de su Curso de Derecho Farmacéutico; y el lunes tuve la ocasión de escuchar a la ex-ministra Ana Pastor junto con tres europarlamentarios españoles hablando sobre la reforma de la normativa farmacéutica comunitaria. La semana del derecho, sin duda.
Una primera reflexión al respecto: es muy necesario, mucho, que quienes tienen encomendada la ardua tarea de aprobar normas jurídicas se apoyen en los juristas. Háganlo de la forma que consideren oportuno, pero háganlo. Fue algo que no podía dejar de pensar mientras escuchaba las intervenciones, desde la tarima de los oradores, de Ana Pastor (licenciada en Medicina), Nicolás González Casares (Diplomado en Enfermería); Susana Solís (Licenciada en Ingeniería) y de Margarita de la Pisa (Licenciada en Farmacia). Con todos mis respetos, señorías, espero comprendan que a veces cuesta entender que las normas las diseñan, las negocian y hasta las redactan personas sin formación jurídica. Porque si de lo que se habla es de normas, es indudable que hay que contar con los juristas. Imagínense un escenario inverso, en donde en un proyecto relativo a cómo se puede diseñar la estrategia de abordaje de una determinada enfermedad, quienes liderasen ese diseño fueran abogados en ejercicio. Los profesionales sanitarios, con razón, alzarían la mano y la voz y pedirían, probablemente exigirían, tener un rol activo.
En el Parlamento Europeo, donde además el trabajo que llevan a cabo los ponentes en los diversos comités es de suma importancia, esta necesidad de contar con los juristas es aún más necesaria. No se trata, desde luego, de que los técnicos, los especialistas en materias jurídicas, tomen las decisiones políticas; ni tampoco de que su intervención se limite a opinar sobre si una determinada opción es legalmente válida o no. Se trata de que puedan participar en el análisis crítico de los proyectos desde su perspectiva legal porque en definitiva se trata de aprobar una norma cuya calidad haya sido debidamente contrastada.
A esto contribuye precisamente la Fundación CEFI con su Curso de Derecho Farmacéutico, y es positivo, muy positivo, ver que cuenta con un grado de aceptación muy relevante. No es de extrañar, porque el programa que ofrecía el Curso era suficientemente amplio como para abarcar muchas áreas de interés en la vida de un producto; y a la vez tenía el grado de detalle y precisión necesario para poder abordar algunos temas con la profundidad que merecen. La semana que viene empezaremos una serie de columnas tratando sobre algunos aspectos concretos de lo que debatimos en el curso.
De momento, aquí van nuestras felicitaciones a la Fundación CEFI, por la magnífica organización del evento, y muy especialmente por su contribución a formar profesionales que, esperemos, puedan un día ayudar a que las normas que regulan la vida del medicamento, eso que llamamos derecho farmacéutico, sean normas con las mismas características de los productos que regulan: seguras, eficaces y de calidad.