El caballo de Troya de C’s y PP para impedir el colapso de la Formación Médica

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El dictamen afirma una cosa y la contraria sobre las relaciones público-privadas, según han confirmado Guillermo Díaz (C’s) y Elvira velasco (PP)

En política, la oportunidad y el momento lo es todo. Desde Unidas Podemos siempre han mostrado dudas y han verbalizado críticas sobre la relación entre la industria y los médicos. No se puede negar coherencia en ese terreno, ya que es algo que han manifestado muchas veces, incluyendo su preocupación por la estrecha relación de lo público y lo privado. Por ello, no hay duda que Unidas Podemos es fiel a su ideario, y trata de incorporarlo a las acciones de Gobierno.

¿Nuevo frente para el Gobierno?

La cuestión es si el precio que debe pagar el Gobierno de coalición es la relación que mantiene con un sector sanitario tan amplio como afectado por el ya famoso 47.2. Los socialistas mantienen una trayectoria de amplio reconocimiento en el sector sanitario. Sus Gobiernos, autonómicos y nacionales, han escrito algunas de las páginas más relevantes de la sanidad en democracia.

La huella socialista en sanidad

Han sido varios los ministros que cuentan con un recuerdo encomiable. Y entre ellos algunos socialistas. Ernest Lluch aprobó la Ley General de Sanidad en abril de 1986. Julián García Vargas puso en marcha la Organización Nacional de Trasplantes, orgullo de cualquier ministro o ministra que asume la cartera sanitaria. Parémonos ahí.

Se está poniendo sobre la mesa de juego el capital de la relación con un sector sanitario entero, que incluye representantes de los pacientes.

Como vemos, el capital acumulado por los socialistas durante más de 40 años de democracia es de respeto de los sanitarios a figuras que la han impulsado con coherencia, diálogo y participación.

Este respeto no es una exclusiva socialista, ya que los populares han hecho lo propio. Pero ahora hablamos de quien está poniendo sobre la mesa de juego el capital de la relación con un sector sanitario entero, que incluye representantes de los pacientes.

Los socialistas podrían abrir distintos frentes en sanidad si persisten con las prohibiciones del dictamen.

Un frente abierto muy amplio

Las sociedades científicas, los sanitarios, sector farmacéutico, la sanidad privada y las organizaciones de pacientes verían afectada su actividad profesional y académica con las prohibiciones del dictamen. Hablamos de 600.000 profesionales. Supone un frente demasiado amplio como para poder defenderlo de manera adecuada.

Médicos, enfermeras, ejecutivos y el personal diverso de la sanidad privada, mujeres y hombres sanitarios, se encuentran afectados, de una forma u otra.

Dudas de la relación de la industria

Las dudas sobre la relación de la industria con los profesionales sanitarios no es sólo española, ni es de ahora. Es algo que ha sido abordado a nivel global y ha cambiado el panorama de dicha relación en los últimos años, caminando por un sendero de transparencia y ética incuestionable.

Las dudas razonables de los 90s no son trasladables a 2020.

Podemos afirmar que es un asunto que ha evolucionado mucho en los últimos años para bien. Las viejas dudas de algunos sectores políticos deberían tener presente dicha y evolución, y plantear nuevos enfoques. Las dudas razonables de los 90s no son trasladables a 2020, porque, sencillamente, el modelo ha cambiado.

Los códigos de autorregulación, la transparencia, las limitaciones legales, éticas y los controles se han multiplicado, y van más allá de la legalidad vigente, por supuesto. Cualquier persona bien informada conoce este asunto porque se informa con detalle.

Investigación: otro frente

Por otro lado, trasladar la duda de las relaciones público-privadas a la investigación es aumentar, aún más si cabe, la inoportunidad. Precisamente, en un contexto en el que España ha llevado a cabo más ensayos clínicos sobre Covid-19 que ningún otro país en el mundo. Dudar de que éstos son transparentes o insistir en su “total control público” es un error relevante que afectará a la relación entre investigadores y los partidos que presenten batalla.

Pero no todo está perdido

En este sentido, Guillermo Díaz aclara que no se llevará a la práctica el 47.2 porque se ha incoporado una enmienda que lo contradice. Este hecho supone un auténtico “caballo de Troya” contra el intento de prohibir la financiación de las Sociedades Científicas, la financiación de las organizacionesde pacientes o los ensayos clínicos que se desarrollen con la industria innovadora.

PP y C’s han trabajado en una enmienda sobre la relación público-privada en un entorno de “transparencia”

Precisamente PP y C’s han trabajado conjuntamente en una enmienda recogida en el dictamen sobre el impulso de la relación público-privada en un entorno de “transparencia”. Resulta tan obvio como necesario incluir la mencionada enmienda, visto lo visto.

La afirmación de Elvira Velasco, portavoz de los populares, de que el PP va a “presentar batalla” en la financiación privada de actividades esenciales de formación, entre otras, muestra la tensión que existe en este punto.

En este punto, nos vamos de vacaciones y, ¿quién sabe?, quizás en septiembre todo quede en una prohibición fallida que, además de contra el sentido común y la necesidad de abrir el correspondiente debate, choca con la imposibilidad de llevarse a cabo.