El 15 de diciembre de 2016 será recordado, sin duda, como el día que abrió un nuevo capítulo en el culebrón de las subastas. En menos de 24 horas el Parlamento andaluz aprobó la creación de una mesa de trabajo clave para lograr un modelo consensuado; el Tribunal Constitucional aclaró las dudas competenciales fallando a favor de Andalucía y la Junta publicó la resolución de las décimas subastas de medicamentos. Casualidades aparte, es hora de escribir el futuro de una herramienta que no sólo no se va a marchar, sino que va a ir más allá.
Porque la cronología de estas 24 horas bien podría terminar con el anuncio del castellano-manchego Emiliano García-Page, de emular a sus compañeros andaluces y convertirse en la primera comunidad autónoma que, libre de tensiones competenciales, hace ‘benchmarking’ con las subastas. Queda confirmado, como sugiere Jesús María Fernández, que el camino queda allanado para todos los interesados. Está por ver quién más se sube al carro.
Lo interesante es que el anuncio del presidente de Castilla-La Mancha se refiere a un modelo ‘similar’… Buen comienzo, si eso significa poner remedio a todos los efectos secundarios que las subastas andaluzas han ocasionado y siguen ocasionando. A ellos se refiere precisamente el sector farmacéutico. Y a ellos se debe referir la Mesa de Trabajo recién creada en el Parlamento andaluz.
La Junta tiene motivos para sacar pecho, pero debe ser consciente de que el hecho de que una iniciativa sea constitucional no significa que no pueda mejorarse. Mientras que las expectativas de quienes confian en abolir las subastas se alejan, la industria, la distribución, la farmacia y los pacientes tienen un poco más cerca la posibilidad de consensuar una de las políticas farmacéuticas más polémicas de los últimos años.
Lo peor que podría ocurrir es que el fallo del Constitucional genere una división entre vencedores y vencidos. El PSOE ya ha exigido la comparecencia de Dolors Montserrat para que valore la sentencia del Tribunal y ha registrado una batería de preguntas en el Congreso exigiendo explicaciones al “boicot” del Gobierno. El tono de las preguntas y de las respuestas que deja la decisión del Constitucional determinará si la batalla por las subastas da paso a un diálogo constructivo o, por el contrario, se enquista en reproches estériles.
