Mientras los gobiernos europeos caminan de la mano para favorecer la innovación y el acceso, a nivel nacional resulta casi imposible consensuar una política farmacéutica
| 2017-01-05T11:27:23+01:00 h |

No hay nada en el informe de la OMS sobre la compra pública innovadora que sea excesivamente novedoso, pero sí son destacables los resultados de su encuesta a decenas de países europeos, que apuntan a futuros acuerdos en torno a categorías concretas de productos. Ya no es retórica. Los estados saben que no pueden seguir yendo por su cuenta… Al menos en política internacional, porque no deja de ser curioso que, mientras dejan de lado sus reticencias y caminan de la mano para favorecer la innovación y el acceso sostenible a los medicamentos, a nivel nacional siguen siendo difícil, por no decir imposible, consensuar mínimamente una política farmacéutica que persigue el mismo objetivo.

España, sin ir más lejos, sigue trabajando en un proceso histórico de confluencia con Portugal, mientras el debate entre administraciones y dentro del propio Parlamento se mantiene en términos de monólogos y no de diálogos. Aquí cabe hablar, desde luego, de las subastas de medicamentos pero también y sobre todo del renovado protocolo con Farmaindustria. Una de sus bases es la de apostar por la corresponsabilidad de todos los agentes, un punto de partida compartido por todos. Pero es obvio que la fórmula escogida no es bien recibida por ningún grupo de la oposición en el Congreso, ni siquiera por Ciudadanos, el ‘socio de investidura’ del Gobierno.

Durante su reciente comparecencia, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, habló repetidamente de diálogo pero su primera gran decisión estuvo totalmente ausente de diálogo. El Gobierno ha decidido renovar el Pacto y anunciar otros similares con otros proveedores a sabiendas de que la oposición política es total. No ha habido por parte del Ejecutivo un mínimo acercamiento para intentar convencer a los críticos de las bondades de este sistema, o para aclarar los puntos opacos que aún presenta, por ejemplo qué tipo de medidas compensatorias se adoptarían en cualquiera de los supuestos o quién, qué administración o laboratorio en concreto, se haría cargo de las compensaciones.

La única explicación posible es que, pese a todas las palabras bienintencionadas, en España no hay una buena política sanitaria, sino una sanidad politizada que en definitiva lastra el consenso, en lugar de sumar todas las opiniones para hacer de una determinada herramienta algo mejor para todos.