En la evolución y gestión de la pandemia de la COVID-19 es difícil saber si actualmente hemos vuelto a una suerte de “casilla de salida” o si se trata de una nueva etapa —o fase u oleada, o como se quiera denominar— tan igual de complicada y problemática (o más) que la primera.
De hecho, en un reciente encuentro virtual organizado por EG, tanto responsables sanitarios como gestores de la Sanidad que participaron en él coincidieron en señalar que si se puede extraer una lección de los meses de lucha contra el coronavirus es que “se sabe mejor lo que no hay que hacer que lo que sí hay que hacer”.
Ahora que ha dado comienzo el segundo estado de alarma, y que puede prolongarse seis meses, hay que analizar eso que “no se debe hacer” que apuntaban estos expertos. Habrá muchas cosas, pero, entre ellas, queremos destacar una: no desaprovechar recursos. Mucho menos si hablamos de un total de 22.100 recursos repartidos por todo el país, como son las oficinas de farmacia, y los cerca de 55.000 recursos humanos que son los que en ellas ejercen.
Por ello, dando una vuelta al anterior planteamiento, una de las cuestiones que “sí sabemos” en torno al abordaje de esta pandemia es que las farmacias respondieron durante el primer estado de alarma. Con lo que ya hacían —mantener siempre la cruz verde encendida y atendiendo a una población que veía cerrados sus centros de salud— como con aquellas funciones a las que se les facultó por la vía de la excepcionalidad y la urgencia. Es el caso de la Atención Farmacéutica Domiciliaria (de la que se beneficiaron más de 850.000 ciudadanos que vieron asegurado el acceso a su medicación), la dispensación de medicamentos hospitalarios en boticas, la renovación automáticas de tratamientos, etc.
Por ello, en lo que puede parecer de perogrullo —pero cuesta que cale en las administraciones— el Consejo General de Farmacéuticos ha pedido que se restablezcan en este nuevo estado de alarma todas estas funciones exitosas. Esperamos que la lógica impere. ¿Podemos repetir?
