El debate sobre el acceso a las innovaciones lleva muchos años anclado en el sector sanitario. Se trata de una de las principales preocupaciones tanto para los profesionales como para los pacientes, pues impacta de forma directa en la calidad y esperanza de vida de estos últimos. Para España este es un problema aún más acuciante, pues los datos apuntan a una reducción en el acceso a estas innovaciones respecto al resto de países de nuestro entorno.
Ante este escenario se hace prioritario establecer soluciones concretas y realistas. Y precisamente la patronal Farmaindustria lanzaba estos días una batería de medidas para frenar esta problemática que, según argumentan, “pone en riesgo la salud y el bienestar de los pacientes, así como se incurre en costes sanitarios y no sanitarios que podrían ahorrarse gracias a los nuevos medicamentos”.
En concreto, la patronal propone una serie de mejoras a la Administración, que atañen al procedimiento de evaluación, y a la fijación de precios y financiación pública de medicamentos en el terreno español con el objetivo de revertir el deterioro en los indicadores de acceso a la innovación. Estas van desde la necesidad de acelerar los procesos de financiación, hasta la necesidad de establecer una mayor coordinación con las comunidades autónomas durante todo el proceso.
En definitiva: el sistema necesita cambios y los necesita ya. Precisamente hace unas semanas se publicaba un estudio interesante en el International Journal of Technology Assessment in Health Care que, bajo el título Feasibility study to characterize price and reimbursement decision-making criteria for the inclusion of new drugs in the Spanish National Health System: the cefiderocol example, desgranaba cómo se podrían establecer criterios claros en la toma de decisiones que ayuden a avanzar en el acceso y que transparenten todo el proceso. La metodología, liderada por Miguel Ángel Calleja, jefe de Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y Xavier Badía, director de Omakase Consulting mejoraría la predictibilidad, transparencia y aportaría justificaciones estructuradas. Este modelo, así como las medidas propuestas por Farmaindustria, demuestra cómo el sector trabaja por resolver un problema que afecta a los pacientes y queafectará a todo el tejido investigador y asistencial de nuestro país.
