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Por la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, y los diferentes Grupos de Trabajo en la que se divide, como el referente a Sanidad y Salud Pública, pasan diaria, y semanalmente, decenas de comparecientes que tienen algo que aportar a la causa. Bien sea a título personal —por su experiencia y reconocimiento profesional en determinado campo— o por su representatividad de un determinado colectivo.

Esta semana ha sido la profesión farmacéutica la que ha comparecido en esta Comisión. Más de 70.000 profesionales colegiados representados en la voz (intervención) de Jesús Aguilar, presidente de la máxima corporación nacional: el CGCOF. Cada compareciente que participa en esta Comisión tiene no solo derecho a ser escuchado —con ese interés es convocado por la Cámara Baja— sino también considerar que las suyas son las claves o propuestas que necesitan ser aplicadas en el país. Si no las únicas, sí como parte del ‘paquete’ que finalmente se apliquen por las Administraciones.

Sin embargo, lo que la farmacia presentó en esta comparecencia, rescatando las propias palabras de quien fue su altavoz, “no son propuestas sino soluciones” a las necesidades del SNS. Las soluciones que pueden aportar más de 22.000 establecimientos repartidos por toda la geografía nacional, accesibles a menos de cinco minutos de su domicilio para el 95 por ciento de la población. Establecimientos que han solucionado millones (datos oficiales) de problemas de salud en esta crisis y, en consecuencia, ahorrado el mismo número de visitas a los (cerrados) centros de salud. Los números no solo no engañan (como el algodón) sino que a menudo deben ser tenidos en cuenta.

Las propuestas que ha presentado el CGCOF al Congreso no inventan la pólvora. La apuesta es fácil: afianzar y redoblar lo que ha resultado exitoso.  Antes… Y en especial durante esta crisis. Es el caso de la Atención Farmacéutica Domiciliaria, cribados, mayor rol en la vigilancia epidemiológica, sostenibilidad de la farmacia rural como único recurso sanitario permanente en pequeños municipios, etc. El desarrollo de este Plan de Acción no requiere poner patas arriba el SNS, ni siquiera la dotación de excesivos recursos económicos, humanos y/o materiales para su ejecución. La infraestructura —esa red de 22.000 establecimientos— ya está. Falta solo la ‘tinta’: el desarrollo y publicación de normativas que amparen legalmente estas nuevas (aunque viejas en algunos casos) funciones.

“Hay que hacer jurídicamente viable lo que ya es una realidad en la calle”, solicitó Aguilar a los diputados de la Comisión. Ahora que tanto se habla de (nueva) normalidad, quizá conviene primero hablar de “normalizar”. Y no olvidemos (ni olviden sus Señorías) que más del 90 por ciento de la población —según una reciente encuesta de GAD3— apoya estas nuevas funciones de las farmacias.