Los cerca de dos años de pandemia que están a punto de cumplirse dejan tras de sí un largo historial de vaivenes en lo que a decisiones políticas en su gestión se refiere. A cualquier nivel de Administración: nacional, regional, etc. Es cierto que muchos de esos vaivenes son obligados a consecuencia de la propia imprevisibilidad e incertidumbre de la que ha dado muestras la COVID-19. Otros, en cambio, quizá merecen un análisis más detallado.


Es el caso de los test de antígenos. En apenas unos meses se ha pasado de ser defenestrados por la mayoría de Administraciones —salvo excepciones— por su, se indicaba, escasa fiabilidad —aunque fueran realizados por profesionales— a que, ahora, las Administraciones consideren oficialmente como “válido” el resultado positivo de una prueba autodiagnóstica de antígenos realizada por un ciudadano en su domicilio. Tanto para los registros oficiales de cómputo de casos como para la tramitación de la baja laboral.


Eso, respecto a su empleo. Respecto a su acceso, más de lo mismo. En julio, el Ministerio de Sanidad, ante la presión de varias CC.AA, se ‘abría’, no sin reticencias, a permitir la venta de estas pruebas sin necesidad de receta. Siempre quedó la sensación que Sanidad permitía pero no hacía suya la causa. Ahora, el Ministerio de Sanidad ha decidido intervenir el PVP de los autotest de antígenos con el objetivo de facilitar el acceso de la sociedad a estas pruebas.

Las farmacias asumen el PVP máximo de 2,94 euros para los test con resignación y volviendo a hacer gala de su vocación sanitaria, pero ello no debe ocultar que son perjudicados y señalados injusta e intencionadamente


En este maremágnum se ha visto salpicada la farmacia. No es la primera vez. Las farmacias han visto cómo han tenido que hacer encaje de bolillos para abastecerse de estas pruebas en la época navideña ante el boom de la demanda. Han visto cómo se les señalaba con especular con estos productos e inflar los precios. Si ha habido algunos lucros elevados en una red de 22.100 establecimientos, en caso alguno puede hablarse de una tónica general. Y ahora, prácticamente de la “noche a la mañana”, han visto cómo se fija un PVP máximo (2,94 euros) que les puede obligar a vender a pérdidas las unidades con las que, cuándo menos, muchas boticas contaban en sus stock antes de esta decisión. Queda por ver cuáles son (siguen) siendo los costes de estas pruebas en el mercado pese a (o por) esta intervención.

Para más inri, en el mismo día que entra en vigor este PVP máximo de 2,94 euros, el BOE recoge el contrato firmado por el Ingesa con un proveedor para la compra de 5 millones de test de antígenos por una cuantía de 15 millones de euros. Una división rápida situaría el coste de cada prueba en 3 euros. Las comparaciones son odiosas (dicen) y los modelos de test adquiridos en este acuerdo pueden ser distintos a las autopruebas disponibles en el canal farmacia y tener, por ende, un coste más elevado.

Pero, aún así, siquiera pensando que, en el canal minorista, habría que añadir el margen comercial a este PVL —por ínfimo que fuese—, ¿qué farmacia tiene la capacidad para negociar contratos con volúmenes de compra como éste (5 millones de test) y que, aun así, dejan el precio final por unidad por encima del PVP máximo intervenido para los autotest en boticas?


La legislación prohíbe la venta a pérdidas salvo en una situación: si la misma no se lleva a cabo de forma desleal. En este caso, siquiera hay margen para el análisis; es mandatorio. No obstante, si algo ha demostrado la farmacia es lealtad. No duden de los farmacéuticos (una vez más).