Los pacientes de EPOC desarrollan la COVID-19 de forma más grave y con peor pronóstico. Así se muestra en un estudio publicado en el International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, donde apunta a que la tasa de mortalidad en pacientes COVID-19 con EPOC es del 38,3 por ciento, el doble que la de pacientes hospitalizados que no sufren EPOC (19,2 por ciento). De hecho, desde el primer momento los pacientes que sufren esta patología se han considerado de alto riesgo por el Ministerio de Sanidad. Parece lógico, entonces, establecer estrategias específicas y enfocadas a protegerles, evitando así aumentar la mortalidad a causa de un posible contagio.

Se estima que un 10 por ciento del total de las consultas de atención primaria, y hasta un 30 por ciento de las consultas de neumología tienen relación con la EPOC, según el informe “La EPOC en España: reflexiones sobre la situación actual y propuesta de soluciones 2021”, impulsado por la Fundación Ciencias de la Salud. Este estudio asegura que el coste total de la patología en casi 1.000 millones de euros al año. Y una de las principales barreras es el diagnóstico. Se estima que tres de cada cuatro pacientes con EPOC no saben que la sufren y, por tanto, no reciben tratamiento. La realización de pruebas diagnósticas ( en este caso espirometrias) es, por tanto, clave para avanzar en este infradiagnóstico.

El coste total de la EPOC es de casi 1.000 millones de euros al año. Controlar la enfermedad es clave para reducir la mortalidad y el gasto sanitario

Los pacientes con EPOC llevan tiempo demandando una mayor visibilidad de la enfermedad, más sensibilización para los médicos de atención primaria y, sobre todo, el acceso a los mejores tratamientos mediante la retirada del visado a la triple terapia fija de la EPOC. Es cierto que un paso positivo ha sido la eliminación temporal de este visado por parte de algunas comunidades autónomas durante los meses de pandemia. Pero es cierto que esta eliminación aplica únicamente a los pacientes que ya han empezado a recibir la terapia y, por tanto, deja fuera a todos aquellos que hasta ahora no han recibido diagnóstico.

La Comunidad de Madrid plantea ahora un visado automático para los pacientes que requieran esta terapia. De este modo, en cuanto el médico prescriba la terapia, se concederá automáticamente el visado. Es una buena medida, pero no debería ser la única. Es tiempo de pensar en el acceso y, por tanto, en los pacientes.


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