El debate generado entorno a las patentes de las vacunas frente a la COVID-19 se presenta como una especie de intento de algunos organismos por tapar el sol con un solo dedo. En España ha sido el presidente valenciano, Ximo Puig, quien ha iniciado el debate con el envío de una carta al Comité Europeo de las Regiones para revisar el sistema actual de patentes.

Su intención, tal y como asegura en la citada misiva, es suspender de forma temporal las patentes para tratar o prevenir la COVID-19 o buscar una tercera vía entre la independencia total de los laboratorios y la inseguridad jurídica, habilitando fórmulas de compensación. Una postura que en alguna ocasión ha sido defendida públicamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, la Comisión Europea no ve beneficio alguno en la suspensión de estas patentes patentes. “Los problemas de acceso a vacunas no se resolverán suspendiendo las patentes. Están relacionados con una insuficiente capacidad de producción para fabricar las cantidades necesarias”, aseguraba el portavoz del Ejecutivo comunitario, Balazs Ujvari, en una rueda de prensa. Y es que, precisamente, esa es la clave del debate. Los problemas de suministro no responden a la exclusividad otorgada gracias a las patentes (estas no hacen más que buscar reconocer a las compañías investigadoras el esfuerzo y las inversiones realizadas). El problema reside en el escaso número de instalaciones a nivel global preparadas para fabricar estas vacunas. Es un hecho que no es nuevo, y del que ya alertaron hace casi un año organismos como la Fundación Bill and Melinda Gates.

No parece que liberalizar patentes resuelva los problemas de suministro a nivel global; no existe capacidad suficiente para dar cobertura en un periodo corto de tiempo

Por tanto, no parece que el hecho de liberalizar patentes de las vacunas existentes frente a la COVID-19 pueda ofrecer un mayor suministro de dosis para todo el mundo. No debemos olvidar que las vacunas, a diferencia de otros medicamentos, son productos biológicos que se obtienen a partir de organismos vivos. Estas, por su complejidad, tienen que cumplir los máximos estándares de calidad y seguridad, produciéndose en una atmósfera controlada y bajo estrictas condiciones de asepsia. En promedio, se necesitan entre 12 y 36 meses para fabricar una vacuna antes de que esté lista para su distribución y contando siempre con que no surjan problemas durante los procesos de fabricación. Las patentes no son el problema.


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