Desde que las farmacias de Madrid comenzasen a colaborar en cribados públicos en febrero de 2021 realizando test de antígenos a la población de zonas de alta incidencia de casos y, de manera especial, desde que en julio de 2021 se autorizó la dispensación sin receta de test de autodiagnóstico para la COVID-19, el conjunto de farmacias de doce Comunidades Autónomas han realizado ya más de un millón de pruebas (1.043.801) y notificado 109.569 positivos.

En concreto y solo durante 2022, coincidiendo con la sexta ola, las farmacias han realizado o supervisado más de 600.000 pruebas y notificado al Sistema Nacional de Salud (SNS) más de 82.000 positivos, lo que representa el 13,6 por ciento de total de las pruebas realizadas; o lo que es lo mismo: 1 de cada 7 personas. Además, la farmacia ha sido el canal por el que se han notificado al SNS los resultados de 329.446 pruebas positivas domiciliarias.

Son datos de los que estar orgullosos. Otra muestra más de la colaboración e implicación de la profesión farmacéutica en la lucha contra la COVID-19. También vaya por delante un reconocimiento a esta docena de Administraciones regionales que, con mayor o menor premura, han confiado en sus redes de boticas y los profesionales que en ellas ejercen.

No obstante, si hay 12 CC. AA. que sí han confiado en ellas, ello implica que hay otras cinco que lo han desestimado. Y parece difícil que, a estas alturas de la pandemia, salvo giros bruscos de los acontecimientos, vayan a hacerlo ya.

Ahora que se alcanza la cifra redonda del millón de pruebas realizadas/supervisadas, cabe realizarse, valga la redundancia, la pregunta “del millón”: ¿Qué cifras y resultados tendríamos a día de hoy si se hubiese confiado con anterioridad a las farmacias la posibilidad de realizar estas funciones? ¿Cuántos positivos más se hubieran detectado, cuántas cadenas de transmisión se hubieran cortado y cuántos fallecimientos se podrían haber evitado? The answer, my friend, is blowin’ in the wind.