Congelar proyectos de ley mediante ampliaciones interminables del plazo de presentación de enmiendas es una vieja estrategia dentro del juego parlamentario. Es perfectamente legal y lícito, sobre todo si se tienen en cuenta los inevitables intereses que se acerban durante los meses previos a una convocatoria electoral, pero ello no lo hace menos cuestionable desde otros puntos de vista… Más, digamos, vinculados a las necesidades sociales.
Sin ánimo de pensar mal, también cabe la posibilidad de que lo que está ocurriendo con la Ley de Farmacia de Madrid responda a todo lo contrario: al ánimo que indudablemente asiste al legislador para los proyectos de ley que se tramitan salgan de la cámara lo más completos; informados; ajustados a la realidad; perfilados a las necesidades y consensuados posible.
La Ley de Farmacia lleva en la Asamblea de Madrid todo un periodo de gracia parlamentaria… Los casi 100 días que, en circunstancias normales, se conceden a cualquier recién llegado a un Ejecutivo. Esos 100 días son considerados como tiempo más que suficiente como para que la nueva figura responsable se ponga al día y comience a trabajar de forma efectiva. Siendo suficiente para un alto cargo —consejero, ministro o similar— debería también serlo para un proyecto de ley.
Visto con un poco de perspectiva, se tiene la sensación de que todo lo que tiene que ver con el debate abierto en torno a la Atención Farmacéutica Domiciliaria en Madrid (El Boalo, Ley de Farmacia) se ha tratado como un todo, cuando es una parte de algo mayor… Algo en lo que, por ejemplo, también está presente Domi-EQIfar, el proyecto de AFD de la Comunidad Valenciana, que a día de hoy es la antítesis de todo lo que está ocurriendo en Madrid. Un ejemplo perfecto de que esta película no va de guerras, ni de intrusos, sino de colaboración multidisciplinar.
Si los grupos de la Asamblea de Madrid están realmente interesados en informarse desde todos los ángulos para asegurarse de que la Ley de Farmacia sale a gusto de todos, no estaría de más que se fijasen en este piloto, que nunca ha visto recelos competenciales. Y no es el único ejemplo. Ahí están País Vasco, Cataluña o Baleares, con proyectos que demuestran que la farmacia asistencial, incluya o no AFD, ha venido para quedarse.
