La pérdida paulatina de población en muchas zonas rurales de nuestro país es una de las tareas más imperiosas a la que, como sociedad, debemos dar respuesta. La falta de oportunidades, expectativas laborales o desarrollo vital aboca a los pequeños municipios a un futuro desesperanzador.

Sin duda esta es una cuestión que engloba a muchos factores y donde no hay remedios milagrosos. Necesita, sobre todo, de decisiones políticas valientes que apuesten por estos territorios. Pero también podemos encontrar valiosos aliados en otros ámbitos que pueden contribuir a revertir esta situación, como es el caso de la farmacia y su capacidad para cohesionar los territorios en riesgo de despoblación y despoblamiento.

Así lo evidencian los datos recogidos por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para el CGCOF y que presentaron en una jornada en el Senado que reunió a representantes políticos e institucionales. La farmacia rural no sólo es garante de una prestación sanitaria equitativa, también contribuye a fijar a la población en el territorio y a su desarrollo socioeconómico. De hecho, los municipios con farmacia perdieron menos población y menos puestos de trabajo en los últimos años. En concreto, estas boticas generaron más de 20.000 puestos de trabajo en dichos municipios y tuvieron un impacto económico de casi 1.600 millones de euros.

Los retos demográficos actuales también atañen al envejecimiento o al aumento de pacientes polimedicados y crónicos. Ahí reside la importancia de las boticas y su capilaridad como recurso vital para mejorar nuestro sistema sanitario, pero no pueden hacerlo solas. La farmacia rural necesita mejores condiciones y un mayor apoyo por parte de las Administraciones para continuar desempeñando un rol clave para los ciudadanos. Muchas de ellas tienen una situación de vulnerabilidad que pone en riesgo su supervivencia, es más, cerca del 80 por ciento de las farmacias VEC se encuentran en municipios rurales de pequeño tamaño.

Es por ello que, en el horizonte de posibilidades, los servicios asistenciales en el ámbito rural deben ser primero reconocidos y, en segunda instancia, ampliados. De ahí la necesidad de una legislación específica y de medidas normativas que favorezcan las funciones del farmacéutico rural y que vayan, especialmente, de la mano con Atención Primaria.

Aprovechar el acuerdo social y político en torno a la farmacia “debe ser motor para que las administraciones pasen de la palabra a los hechos”, reclama Jesús Aguilar, presidente del CGCOF. La consigna es clara: se debe y se puede hacer mucho más para preservar y potenciar la farmacia rural frente a los acuciantes desafíos demográficos que vivimos.