Intereses de demora: un fallo legal, pero injusto

Decía Platón que la justicia consiste en dar a cada uno lo que merece. Justicia, por tanto, asociada con el bien, y sobre todo, con la rectitud; una definición que no tardó en ser enmedada. Fue Aristóteles, discípulo de Platón, quien estableció el término de la ‘justicia correctiva’, como el punto ubicado entre la pérdida y la ganancia. Todavía hoy hay quien piensa, erróneamente, que todo lo legal debiera ser justo. Lamentablemente no es así. De hecho muchas veces lo legal es, desde el punto de vista de la lógica, bastante injusto.

Ocurre con frecuencia en derecho de familia, en determinados casos que fácilmente encuentran eco entre las páginas de los medios de comunicación generalistas. Se trata de casos ante los cuales la sensación que se obtiene de una sentencia, en muchas ocasiones, es que no solo no se soluciona el conflicto, sino que se acaba empeorando. Los expertos aseguran que se debe a que el juez aplica el derecho de una forma genérica, sin tener cuenta las peculiaridades que conforman la idiosincrasia de cada familia.

Seguramente no tendrá tanto eco la sentencia del Supremo que niega a las farmacias la categoría de empresas y, por tanto, les niega la posibilidad de cobrar los intereses de demora fijados en la Ley de Morosidad por los impagos que durante años convirtieron a las farmacias en financiadores del sistema y garantes del acceso a los pacientes.

¿Es una sentecia legal? Sí. ¿Es justa? No. ¿Tiene sentido? Tampoco, por dos razones. Una: se les niega a las farmacias la categoría de empresa pero durante años se les ha permitido la posibilidad de acogerse al Plan de Pago a Proveedores. Y dos: según el Supremo, no resulta aplicable al pago de recetas el supuesto de ‘operación comercial’, que requiere de una operación entre empresa y poder público que de lugar a la entrega de bienes a cambio de una contraprestación. ¿No es el medicamento ese bien y el pago de la administración esa contraprestación?