Han tenido que pasar casi dos años de pandemia, seis olas, cerca de 7 millones de contagios —con picos actuales históricos que han llegado a superar los 150.000 nuevos positivos diarios—, la irrupción de una de las variantes de mayor transmisibilidad y una incidencia acumulada por encima de los 2.400 puntos para que (por fin) las Administraciones sanitarias hayan visto en la red de farmacias un punto de apoyo en la gestión de la COVID-19.
Hubo Comunidades Autónomas pioneras, hace meses, que ya autorizaron a sus farmacias a, según el caso, realizar test de antígenos, notificar positivos al sistema, facilitar citas para las PCR comprobatorias y emitir certificados de COVID-19: Cantabria, Aragón, Murcia, La Rioja… Pero ha sido ahora en esta época navideña y de explosión de casos cuando se ha engrosado este listado con la incorporación de más regiones: Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares (estas dos últimas en proceso de autorización)… En el resto de comunidades es una posibilidad que está encima de la mesa.
Pueden plantearse debates respecto a si son decisiones tardías, si satisfacen (o no) la petición de las farmacias de jugar un mayor rol asistencial en la pandemia o debe encuadrarse en el ámbito de lo administrativo… Pero, ¿un riesgo para la población? A parecer de algunas entidades, sí. En concreto, del sindicato enfermero Satse, ‘sospechoso’ habitual cuando de lo que se trata es de (intentar) poner trabas a cualquier función o acto que se delegue en las farmacias.
Como en tantas otras ocasiones pasadas, el sindicato enfermero vuelve a sembrar dudas sobre las farmacias y sus profesionales pregonando un miedo injustificado en el usuario
En un comunicado, Satse considera que el registro y notificación de positivos a través de las farmacias “es un riesgo e inseguridad para los usuarios”. ¿Los argumentos? “Las farmacias no son espacios debidamente acondicionados para que los contagiados acudan a realizarse un autotest o a notificar su positivo”, indican. Y aventuran que “las farmacias se convertirán en peligrosos focos de contagio”.
Ninguna medida tiene por qué ser perfecta. Hasta hay voces discrepantes dentro de la propia profesión farmacéutica que dudan de su alcance —se sigue dependiendo de la voluntariedad del ciudadano de comunicar su positivo— o de la idoneidad de certificar algo que no han presenciado (salvo las pruebas realizadas in situ). Pero… ¿riesgos sanitarios? ¿En serio, Satse? Sembrar permanentemente la duda sobre un colectivo, e infundir miedo a la sociedad, debe tener un límite.
