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A punto de comenzar el periodo estival, asistimos a persecuciones inadmisibles de ex altos cargos del Gobierno, con la combinada actuación de panfletos en pdf (conocidos como “confidenciales”) y que cuentan con la ignorancia (no saben ni entienden de lo que escriben) y la premeditación en sus fechorías planificadas. Sí, todos sabemos que las personas que son vilipendiadas por estos medios corruptos en su funcionamiento son personas que no pagan el impuesto revolucionario, o bien están en el punto de mira de una empresa o entidad que paga para que esté en ese punto de mira. A algunas personas les reprochan que tomaron decisiones como responsables políticos que perjudicaron sus negocios, como la reversión del Hospital de Alzira. Pero no se critica sólo la decisión política, sino que se persigue a la responsable propagando bulos que falsean la realidad a través del uso de condicionales en sus mentiras: “cobraría”, “parece que presidiría” o asumir una intencionalidad de faltar a la ética del aludido con sus acciones. Es la venganza permanente y la persecución constante. Es público y notorio. Todos sabemos quién lo hace y por qué.
Técnicas de acoso
Una técnica de los inframedios confidenciales es el uso de motes, en previsión de demandas que puedan interponerse contra estos medios corruptos. Así, de un “mote” se puede afirmar que su mujer se escapa con el vecino del quinto, o utilizar un lenguaje homófobo y racista, y afirmar que “el gerente que se fuga con un negro” como reclamo de un titular que está en la red (búsquenlo y disfruten de la estupidez). Este tipo de bulos disfrazados de información, es de lo que intenta protegernos a los ciudadanos la Constitución a través del artículo 20 de los derechos fundamentales y de las libertades públicas: el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Cuando, además de personas, son objeto de calumnias e injurias instituciones, preservar la reputación resulta esencial. El temor a que alguna entidad o institución se vea siquiera mencionada en un “confidencial”, hace que se paguen “impuestos revolucionarios” que aseguran que no será acosado o acosada de manera personal o corporativamente. Estos pagos no corresponden a una transacción transparente ni a un valor justo de mercado, y no es un intercambio legítimo ni ético ni legal, ni podría serlo. En cualquier caso, la vía legal es un camino necesario que esclarece los hechos y desvela falsedades vertidas por estos mecanismos corruptos. Ir con toda la fuerza jurídica es una garantía de éxito y preserva la reputación de personas y entidades.
Financiación
Conviene señalar que las personas que dirigen entidades profesionales, como los presidentes de los Consejos, la nueva legislación los considera personas de derecho público que están sujetas a la Ley de Contratación del Sector Público. Deberían asegurarse que los recursos económicos que gestionan de los profesionales se utilizan conforme a la ética, legalidad, transparencia y fines adecuados. Porque existen consecuencias deontológicas y legales que debe asumir aquel que lo permita o instigue. Las acciones de este tipo, además, pueden perjudicar también la buena imagen de la profesión a la que representan y provocar conflictos de consecuencias inexploradas. La transparencia en la gestión del dinero de los profesionales sanitarios también protege de las decisiones irresponsables de los que representan a la profesión, y que pretenden utilizar las mismas para coaccionar a los medios de comunicación, los que trabajan informando de manera veraz y con rigor, que han explicado y demostrado las irregularidades en las gestiones de algunos de estos representantes. Tomar decisiones que perjudican a los medios que informan de estas circunstancias demostrables y con rigor, e intentar la coacción de esta manera, también puede ser un delito. Se presenta un Otoño caliente, sin duda.
