El miércoles pasado asistí a una webinar organizada por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) en la que se analizó el reciente estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) relativo al “Gasto Hospitalario del Sistema Nacional de Salud: Farmacia e Inversión en bienes de equipo”.
En su estudio la AIReF analiza el gasto farmacéutico hospitalario y el gasto e inversión en bienes de equipo de alta tecnología en los hospitales españoles del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el periodo comprendido entre 2002 y 2018 y lo divide en cuatro bloques: evaluación, acceso y revisión, uso racional del medicamento, contratación y compra, logística y distribución. En esta columna solo comentaremos las valoraciones y propuestas relativas a la contratación y compra de medicamentos.
En su evaluación, AIReF formula propuestas para mejorar la eficiencia del gasto en farmacia hospitalaria y propone una mayor utilización de herramientas de planificación estratégica.
Para comprender mejor la relevancia del estudio conviene saber que el gasto en farmacia hospitalaria e inversión en bienes de equipo de alta tecnología ascendió aproximadamente a 7.000 millones de euros anuales en el año 2018. El gasto ha aumentado notablemente en los últimos años y se prevé que siga creciendo en los próximos años.
AIReF empieza su análisis constatando que en el año 2018 tan solo el 31% de la compra de medicamentos se realizó mediante procedimientos normalizados de contratación pública y que casi el 70% de la compra se hizo a través de contratos menores y/o compras directas sin utilizar los procedimientos previstos en la LCSP. El estudio revela que existen grandes diferencias entre comunidades autónomas en la utilización de los procedimientos de contratación. En unas el porcentaje de contratación normalizada alcanzó el 98% mientras que en otras no llegó al 10%.
El estudio destaca una falta de transparencia en los procesos de compra, en la formalización de los contratos y en el precio de los medicamentos, así como una diferencia importante en los precios netos de compra entre los órganos de contratación.
Como medidas para mejorar, AIReF propone agilizar los trámites de los procedimientos de contratación previstos en la LCSP para conseguir una mayor utilización de dichos procedimientos y también consolidar las plataformas de contratación electrónicas y fomentar los sistemas dinámicos de contratación.
También propone para la compra de medicamentos exclusivos, que la LCSP prevea fórmulas de contratación que tengan en cuenta la resolución administrativa favorable de financiación y se elimine prácticamente la tramitación de los procedimientos negociados por exclusividad.
Y para mejorar la transparencia de los procesos de compra, el estudio recomienda la obligatoriedad de que las comunidades compartan con los órganos de contratación el precio neto de compra y la creación de un registro de precios netos nacional al que puedan acceder los órganos de contratación. Por último, se propone prohibir el ofrecimiento de descuentos que no sean transparentes, asignables al medicamento sobre el que se ofrecen, trasladables a su precio y recogidos en los expedientes de contratación.
