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Eduard Rodellar, Abogado-Socio de Faus & Moliner Abogados, aborda el 'Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española'

Eduard Rodellar
Abogado-Socio, Faus & Moliner Abogados

Recientemente se ha presentado el llamado “Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española” para afrontar la crisis del coronavirus, que este mismo mes el Ejecutivo debe remitir a Bruselas. Este documento, que contiene los programas de reformas e inversiones previstos hasta 2026, es un requisito necesario para que nuestro país pueda recibir los fondos europeos del Plan Europeo de Recuperación, también conocido como “Next Generation EU”. De acuerdo con las pautas marcadas por la Comisión Europea, una parte relevante de estos fondos deberán servir para fortalecer la capacidad de nuestro sistema de salud, en lo que respecta a sus trabajadores, los materiales sanitarios necesarios y su infraestructura, así como para su digitalización y, en definitiva, modernización.

Si hablamos de cifras, el Plan Europeo de Recuperación está dotado con 750.000 millones de euros, que se dedicarán principalmente a la transición ecológica, la digitalización y la reindustrialización. A España le corresponden 140.000 millones de euros, con 72.700 millones en subvenciones y 67.300 millones en préstamos. De estos, se prevé que 27.000 millones se adelanten ya en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2021. Importes sin duda muy elevados, pero tal vez no suficientes para hacer frente como se debiera a una crisis sin precedentes en nuestra historia reciente.

Siempre que veo cifras de estas magnitudes me pregunto cómo se controlarán dichos fondos. En este caso concreto está prevista la constitución de una Comisión Interministerial específica, así como la creación de una Unidad de Seguimiento del Fondo en el Gabinete de Presidencia del Gobierno. También se introducirá el Fondo de Recuperación en los debates habituales de las próximas conferencias de presidentes autonómicos, y está previsto que se facilite una interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos, poniéndose en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos. Al menos sobre el papel estos controles parecen razonables, esperemos que además sean efectivos.

Por otra parte, con este escenario tampoco es de extrañar que aparezcan intermediarios que quieran participar en estos procesos para conseguir que se aprueben proyectos que puedan beneficiarse de estas ayudas europeas. Y aquí me planteo la siguiente reflexión: del mismo modo que en muchos ámbitos se intervienen los precios de determinados bienes o servicios (pensemos, sin ir más lejos, en los precios de los medicamentos, o de las mascarillas u otros productos sanitarios, o de concretos servicios sanitarios, o de los servicios funerarios, por citar sólo algunos) ¿sería conveniente también algún tipo de intervención administrativa sobre los precios de los servicios prestados por dichos intermediarios?

Sin desmerecer las innegables bondades del libre mercado, tratándose de unos fondos públicos para la reconstrucción económica, debería poder garantizarse que la mayor parte de estos fondos se destinen a los proyectos financiados y los costes de gestión sean lo más bajos posibles. Desde esta óptica, posiblemente sí podría ser aconsejable limitar de algún modo los precios de este tipo de servicios, o cuando menos establecer algún mecanismo de control sobre los mismos, evitando así situaciones que nos puedan hacer recordar el refranero español.