Esther Martín del Campo Madrid | viernes, 18 de noviembre de 2016 h |

La crisis económica ha puesto el acento en la necesidad de incorporar medidas que permitan transformar el sistema sanitario, impulsando el buen gobierno del Sistema Nacional de Salud, reforzando la transparencia en la toma de decisiones y la evaluación de su impacto en la salud de los ciudadanos, y potenciando herramientas que permitan combatir las inequidades en el acceso a las prestaciones sanitarias. Conceptos quizá relativamente nuevos para la actual ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, pero viejos conocidos para los expertos en salud pública y administración sanitaria, que en el último informe de la sociedad científica que les representa, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) han decidido dar un nuevo paso para salvar la brecha que existe entre la evidencia disponible sobre estos temas y la toma de decisiones.

En cualquier caso, para que la transformación que persiguen sea efectiva, los expertos abogan por una nueva idea, el “radicalismo selectivo”, que consiste en poner en práctica alguna de estas medidas que puedan mejorar el Sistema Nacional de Salud, pero no todas de una vez. Conscientes, claro está, de que es complicado implementar todas ellas para hacer una reforma estructural del calado que plantean.

A lo largo de un año y medio, 70 especialistas han preparado su informe bianual, que en esta edición profundiza en los temas citados. Durante su presentación, la presidenta de Sespas, Beatriz González, expuso la intención de hacer llegar este trabajo a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, para trasladar sus aportaciones a quienes tienen margen de maniobra para impulsar esta renovación.

El documento plantea 16 líneas de trabajo. Entre ellas, destacan las que resume Cristina Hernández Quevedo, del Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud, editora de varios artículos del informe.

Una de ellas aborda la evidencia de inequidades en el acceso a los servicios sanitarios. La autora de este artículo, Rosa Urbano, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, destaca que se trata de un dato “instrumental”, con un reflejo en las desigualdades en salud. “Con la crisis económica han aumentado las desigualdades que se pueden evitar”, confirma Hernández. La autora se refiere a datos como la proporción de individuos con necesidades insatisfechas por distintas causas: limitaciones económicas, por tiempo de transporte al sitio de oferta de servicio, etc. Subraya que esta cifra decreció entre 2004 y 2007 hasta situarse alrededor del uno por ciento, pero ha vuelto a subir en los últimos años hasta alcanzar el 6,8 por ciento de los individuos, situándose en la media europea.

El informe constata que las desigualdades tienen que ver con la renta. “Con bajos ingresos, tienen acceso a primaria, pero no tanto a la atención especializada”, remarca, y recuerda que colectivos como el de inmigrantes también tienen limitaciones en el acceso, con mayor probabilidad de recibir atención en urgencias que en el primer nivel asistencial. Además, confirma las desigualdades de género en el uso de los recursos y especialmente en función de la zona geográfica.

Para mejorar la equidad, la especialista propone redefinir la cobertura con criterios de residencia, más allá del tipo de aseguramiento, y tratar por igual a residentes que a ciudadanos españoles. También plantea revisar el copago, y sustituir el obligatorio por otros evitables que excluyan a la población más vulnerable y tenga en cuenta límites de renta.

De cara a eliminar las desigualdades, otra de las propuestas pasa por extinguir el régimen de los funcionarios, al igual que difundir información clínica para orientar la práctica de los profesionales. También propone el estudio sistemático de las inequidades en el acceso a los servicios de salud y analizar su repercusión en los resultados en salud.

Al margen de este tema, los autores del informe Sespas también proponen una batería de medidas para mejorar la gobernanza del SNS. Ponen el acento en conceptos como la rendición de cuentas, la participación, la transparencia y la inteligencia en la toma de decisiones, y definen líneas de actuación como palancas de cambio a todos los niveles: macro, micro y meso, aparte de dar relevancia a la necesidad de vincular estrategias con los distintos agentes.

La editora del informe resume que a nivel macro coinciden en algunos puntos anteriores: universalización del sistema según residencia, transparencia reforzada y la revisión del marco estatutario de los profesionales son las medidas propuestas por los autores de este capítulo. A escala meso, abogan por innovar en contratos de gestión y, por ejemplo, por promover la investigación para incorporar objetivos de salud poblacional en la evaluación de desempeño de centros y servicios.

De igual modo, reclaman un cambio para impulsar la gestión clínica, que consideran que sigue siendo asignatura pendiente, y la difusión de las mejores prácticas en la gestión por procesos. Otra de sus sugerencias más relevantes es la creación de un “debate del estado sanitario de la nación”, o a escala autonómica, para introducir la intersectorialidad en el diseño de las políticas.

Uno de estos instrumentos, la transparencia en la toma de decisiones, también se aborda en otro capítulo. Su autora, Ana García, remarca que la mejora del sector sanitario afecta al bienestar de la organización. Tener datos e información es un derecho de los ciudadanos, recalca la editora. La especialista describe una herramienta que ya existe en el servicio catalán de salud, la Central de Resultados de Cataluña. Un instrumento diseñado para mejorar la calidad y la transparencia del gobierno sanitario.

Esta central hace públicos los resultados que se alcanzan en los distintos agentes, fomenta la competencia entre proveedores y promociona la participación ciudadana en la toma de decisiones, indica Hernández.

Las políticas de evaluación son otro de los ejes fundamentales para los expertos. Los autores proponen un “HispaNICE”, al estilo del National Institute for Care and Health Excellence (NICE). Son conscientes de las limitaciones de las agencias evaluadoras de nuestro país, pioneras en el análisis tecnológico pero con escasa influencia en la cartera común de los servicios sanitarios, tal y como aseguran los autores de otro de los temas. Coinciden en que la red de agencias a nivel nacional ideal sería factible si se dota de normativa a estas organizaciones y se establece un carácter vinculante en su criterio sobre dispositivos médicos, pruebas diagnósticas y prestación farmacéutica.

En su afán por rastrear iniciativas que puedan servir de referencia al conjunto del SNS, el Informe Sespas 2016 repasa la evolución de la estrategia de abordaje de la cronicidad iniciada en el País Vasco por el ex consejero Rafael Bengoa. Otro de los apartados realiza una reflexión sobre lo que supuso esta estrategia y concluye que en un contexto poco favorable por la crisis económica y las dificultades políticas, sin un acuerdo que favoreciera esta estrategia, resultó clave contar con un relato ilusionante que consiguiera involucrar a los grupos de interés. En el análisis de esta experiencia, el autor del trabajo, que participó en su implantación, admite que faltó comunicación, lo que limitó que los proveedores sanitarios estuvieran a favor de una estrategia que a medio plazo otras regiones también han incorporado en sus planes de salud.