La exigencia de la creación y desarrollo de la especialidad de medicina de urgencias, en el ámbito civil, como ya existe en la Sanidad Militar, es un reclamo a voces desde hace años por parte de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes).
Esta es la lucha de años atrás y será el bastión de los próximos años. El mes que viene la sociedad científica celebrará las próximas elecciones con una candidatura única. Juan González Armengol formará la nueva Junta Directiva de Semes con Tato Vázquez Lima como vicepresidente. En este sentido, la convergencia con otras entidades como colegios profesionales y organizaciones sindicales será la estrategia de los urgenciólogos.
Para Armengol, desde el punto de vista jurídico “es ilegal que no exista la especialidad en España”.
Ligado a la creación de la especialidad y el cauce para ello está el ‘fallido’ Real Decreto de Troncalidad. Entre sus objetivos estaba la creación del Área de Capacitación Específica (ACE), algo que Semes ha rechazado desde el inicio. De hecho, fueron los primeros en avisar a Hacienda de que el decreto era inviable económicamente.
En este nuevo escenario, Armengol espera que “exista voluntad política”.
Las comunidades autónomas tienen que revisar el nuevo modelo que el Ministerio de Sanidad está preparando. El urgenciólogo reconoce que algún consejero ha apoyado a estos profesionales, como Castilla y León.
En los últimos años se han dado pasos con la jerarquización de los servicios de urgencias. “Estamos trabajando para sentar las bases de los servicios de urgencias y emergencias, muy bien valorados en España, para que estén en el mismo plano administrativo que el resto de servicios y unidades, puesto que es garantía de seguridad tanto para pacientes como profesionales”, explica Armengol.
En este escenario, el presidente de Semes comenta que si no están asentadas administrativamente se interpretan, que es lo que pasa con la mayoría de los servicios. “Si administrativamente se asientan las bases, casos como los colapsos se evitarían”.
De esta manera, jerarquizar los servicios es “seguir la realidad mundial”, con los mismos derechos y deberes tan coordinados como el resto del sistema. Cataluña es una de las comunidades que ya ha avanzado en este terreno. “Lo ha hecho de forma interesante, no haciendo equivalente la existencia o la creación de un servicio a una especialidad en concreto”. Son pasos que se están dando, asegura el experto, para abarcar el abordaje multidisciplinar tan necesario en la práctica clínica.
Andalucía es otro ejemplo, al igual que Valencia que cuenta también con otros servicios jerarquizados. La última autonomía que lo ha asumido es la Comunidad de Madrid. Esta decisión tiene implicaciones administrativas, pero también laborales y organizativas, como garantizar la existencia de plantillas adecuadas a la demanda que sufren los servicios.
Empleo
En un contexto donde se trabaja para consolidar plantillas, —los ministerios de Empleo, Hacienda y Sanidad junto a los sindicatos— Urgencias siempre ha advertido de la alta precariedad laboral de sus profesionales. “En algunos entornos no existen plantillas”, denuncia Armengol, sin querer mencionar ninguno concreto. Con esta situación, considera que así se interpreta que es más sencillo que la tasa de temporalidad sea más manejable en este tipo de servicios.
Varios estudios han evidenciado que la tasa de temporalidad en los servicios de urgencias y emergencias es mucho mayor que en otros entornos, y especialmente llamativa en lugares concretos.
En opinión del experto, la vía estatutaria es buena, eso sí, bien aplicada y con sensatez. Debe existir, por tanto, una estabilidad en la vinculación laboral de los puestos de trabajo. “Me parece adecuado lo que está haciendo el Gobierno con los sindicatos”, apunta.
Las urgencias
Y del mundo laboral a la práctica clínica. Sobre el buen uso de las urgencias, Armengol confía en la responsabilidad de los pacientes. Según algunos datos, se estima que el 26 por ciento de la población utiliza los servicios de urgencias, y de ellos, la mitad los utilizan como servicio finalista. “Hay grupos de población que viene de forma regular, sobre todo, los más vulnerables”, explica.
En este contexto, hace unos años se planteó la posibilidad de asociar un copago a estos servicios. Semes siempre ha sido rotunda en este punto, ya que “la evidencia demostrada no avala este tipo de medidas, más bien al contrario”, incide, al tiempo que pone el ejemplo de Portugal que cuenta con esta tasa y tiene más ocupación en estas áreas que en España. Armengol cree que establecer medidas disuasorias perjudicaría precisamente a los pacientes más vulnerables, y a los menores de edad, que constituyen precisamente otro grupo importante de usuarios de estos servicios.
En cuanto a las inequidades en el acceso a los servicios, considera que el sistema sanitario sigue siendo accesible y equitativo en este sistema. “El acceso a estos servicios es universal y directo, de hecho, funcionan como una red de seguridad, frente a las fallas potenciales que se pueden dar en el sistema”.
