Javier Ruiz-Tagle Madrid | viernes, 15 de noviembre de 2019 h |

Lo que no fue posible en seis meses se ha hecho realidad en menos de 48 horas. El Partido Socialista y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo programático con un alcance de cuatro años, según explicitó el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El consenso no es suficiente por sí mismo, ya que entre ambos partidos no alcanzan la mayoría absoluta y necesitan, por activa o por pasiva, del concurso de otras fuerzas políticas, entre ellas las catalanas. Pero en cualquier caso, es el primer paso obligado para pasar la pelota a otros grupos políticos que tendrán que decidir si quieren que se consolide este proyecto de gobierno o si prefieren que los españoles regresen a las urnas.

Con la noticia del acuerdo, firmado en el Congreso de los Diputados, los primeros corrillos se afanan por conocer quien será el o la responsable del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, más allá de los nombres, sin duda importantes pero que serán una incógnita hasta que se produzca y consolide la investidura, lo que sí comienza a estar claro son las políticas que se van a trazar para la legislatura. La más importante es la confluencia para otorgar un mayor peso presupuestario a la sanidad. Ambos partidos tienen el compromiso de aumentar la financiación hasta el 7 por ciento del PIB. En el último borrador enviado a Bruselas se mantiene el 5,9 por lo que ambos partidos hablan de conseguir el nivel financiero comprometido hacia el curso 2023.

Una vez que se tome en serio la financiación, el resto de promesas sanitarias podrían tener un encaje real. Uno de los asuntos donde existe coincidencia es en la eliminación de los copagos farmacéuticos que instauró el Real decreto 16/2012. Desde el PSOE se ha marcado la estrategia de una supresión paulatina, comenzando por los pensionistas en situación socioeconómica vulnerable, algo que ha sido aceptado por Unidas Podemos en diversas proposiciones parlamentarias debatidas en la anterior legislatura. Junto a este acuerdo, también se ampliará la cartera de servicios para incluir la atención bucodental.

Otra de las prioridades es actualizar la estrategia de salud mental y que ésta incluya un protocolo especial para la prevención del suicidio. Además de estar recogido en ambos programas electorales también se puede comprobar el compromiso tanto en la labor institucional del actual equipo de gobierno del Ministerio de Sanidad como en las diversas PNL que Unidas Podemos ha remitido a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

En el apartado legislativo, donde necesitarán más apoyo que los propios de ambos partidos, una de las primeras leyes que se volverá a llevar al Congreso es la de eutanasia. En este contexto, y según el programa político de las elecciones del 10 de noviembre, PSOE y Unidas Podemos se encontrarían con el sí de Ciudadanos. Pero la ley más determinante para la gestión sanitaria es la modificación o derogación de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Sánchez se ofreció a modificar este texto en la última oferta a Unidas Podemos en el mes de septiembre. En ella se acordaba dar curso a los acuerdos que se alcanzaron en la ‘Comisión Desprivatizadora’ en el mes de mayo y que se basan en ir reduciendo los conciertos privados existentes.

El último punto de coincidencia relevante es la necesidad de resolver el déficit de profesionales. Para ello se deberán concretar las acciones del Marco Estratégico de Atención Primaria y contar con las comunidades autónomas que son, a la postre, las grandes sufridoras de el envejecimiento de la plantilla médica española.