J. Ruiz-Tagle Madrid | viernes, 05 de octubre de 2018 h |

El tratamiento para curar la hepatitits C está llegando a las cárceles españolas. Desde que se puso en marcha el Plan Nacional para atajar esta enfermedad han sido tratados 2.857 internos, por los 1.760 tratados en septiembre de 2017, de los cerca de 3.600 que deberían recibir tratamiento, según las estimaciones del Ministerio de Sanidad. Quedarían así en torno a 700 internos por empezar a ser tratados. La explicación que ofrece el Gobierno a la falta de terapias se argumenta desde la perspectiva de la cambiante población reclusa. “Hay que tener en cuenta que el continuo recambio entre los internados en prisión, cuya estancia media es de 6 meses, hace que siempre haya internos recién diagnosticados que precisarían tratamiento a la vez que salen en libertad internos con el tratamiento finalizado y carga viral indetectable”, señala el Ministerio de Sanidad en una respuesta por escrito al diputado socialista Jesús María Fernández.

El Gobierno también señala que la democratización del Plan —la extensión del tratamiento a todos los pacientes con independencia de su grado de fibrosis— ha llegado también a Instituciones Penitenciarias, si bien la prioridad siguen siendo los pacientes con grado superior a F2. “La prioridad en el inicio del tratamiento es iniciar aquellos con estadio F2-F4, de los que solo estarían pendientes de tratar aquellos cuyo estudio y prescripción por los sistemas autonómicos de salud no esté finalizado y que se corresponden con internos de reciente ingreso no tratados previamente en libertad. No existe ninguna restricción de tratamiento para los internos en estadio F0-F1 de acuerdo a lo indicado en el Plan Estratégico Nacional”, asegura Sanidad.

Asimismo, desde el Ministerio también se asegura que se ha conseguido reducir el precio de los tratamientos en comparación con el valor que tenían en 2017. Aquel año, el coste oscilaba entre los 10.636 euros y los 20.000 mientras que ha fecha de septiembre de 2018 el precio se sitúa entre los 6.500 y los 8.000 euros. “Respecto al coste para el año 2018 se estima en 2’5 millones de euros; no existe una partida presupuestaria específica, forma parte del presupuesto destinado al gasto farmacéutico que el pasado año superó los 30 millones de euros”, afirma Sanidad. Además, y completando la respuesta del Ministerio, Fernández explica que “la prevalencia del virus en pacientes que ingresan en centros penitenciarios tiende a la baja”.