| viernes, 08 de febrero de 2019 h |

Hay ciertas cosas para las que no existen excusas competenciales y una de ellas es la necesidad de converger en la nómina de un empleado público. Las diferencias salariales que se producen en España entre profesionales sanitarios de atención primaria son alarmantes. No se está hablado de 30 euros arriba o abajo sino en ocasiones de casi 800 euros. ¿Cabría pensar que el coste de la vida es tan desigual entre Murcia o Almería o entre Pamplona o Vitoria? La pregunta es muy absurda pero la respuesta es una ignominia: un interino eventual sin dedicación exclusiva cobra en la capital navarra 1.977 euros netos mientras que en la ciudad sede del Gobierno vasco el sueldo del mismo tipo de profesional es de 2.781. Con estos mimbres el cesto de profesionales del Sistema Nacional de Salud se terminará pudriendo.

En este panorama no puede extrañar a nadie que las reivindicaciones comiencen a surgir. Ya lo avisaron en diciembre los médicos de atención primaria y lo han cumplido. Y seguirán porque no cabe explicación alguna a que con la misma preparación existan unas remuneraciones tan dispares. En plena lucha por la equiparación entre géneros también debería dirigirse la mirada a unos profesionales que son la base del Sistema.

Ahora el Ministerio se encuentra trabajando con las sociedades de atención primaria (y con las comunidades autónomas) para paliar el déficit de profesionales. Sería interesante también que abordaran el déficit salarial que viven algunos de ellos por ejercer en un a comunidad autónoma que no destina la cantidad suficiente al pago de sus médicos. En cuestiones como la sanidad pública no debería existir la competencia por sueldo salvo que se use para encontrar salida a lugares menos atractivos para ejercer. Converger hacia una media salarial es una tarea que debe liderar el ministerio aunque todos sabemos que no será fácil.

El debate, más pronto que tarde, se tendrá que producir en un Consejo Interterritorial. Es el único órgano que, a pesar de sus limitaciones, puede conseguir una convergencia autonómica hacia, al menos, un pacto de mínimos. Un comienzo podría ser acordar un suelo que todas las regiones deban cumplir. Como idea, la media nacional estaría más que justificada si lo que se busca es que todos los profesionales sean valorados por igual.