La denegación de financiación pública a fármacos ya aprobados por las agencias reguladoras es uno de los problema de acceso a nuevos tratamientos contra el cáncer que se ha abordado en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO 2017, que se clausura mañana en Madrid. Un estudio que analiza las decisiones nacionales sobre financiación pública de 11 países europeos y Canadá indica que más de 200.000 pacientes podrían verse afectados por este tipo de restricciones. En el caso de España, según los cálculos de los autores, unas 2.500 personas estarían sin acceso a nuevos medicamentos, aprobados por las autoridades europeas pero sin financiación pública.
Jan McKendrick, directora de PRMA Consulting y autora principal de este trabajo, ha matizado que puesto que en España las decisiones sobre empleo de nuevos medicamentos recaen en las Comunidades Autónomas, los datos nacionales son útiles a título orientativo, pero es probable que en algunas regiones las restricciones sean aún mayores.
Los autores evaluaron las decisiones de las autoridades sanitarias de cada país en cuanto a financiación pública de medicamentos indicados para seis tipos de tumores (mama, riñón, pulmón, mieloma múltiple, melanoma y próstata) entre los años 2006 y 2016. De acuerdo con sus resultados, el 34% de las evaluaciones que llevan a cabo las autoridades nacionales para decidir si pagarán o no una nueva terapia con cargo a las arcas públicas acabaron en la imposición de restricciones –totales o parciales– en el acceso a medicamentos en los centros públicos.
Las diferencias entre países en cuanto a número de fármacos afectados por dichas restricciones no guardaban relación con la riqueza de cada estado, medida en función del Producto Interior Bruto (PIB) de los 12 países analizados. Por este motivo, McKendrick opina que esta cuestión no depende únicamente de la situación económica. “En algunos casos, las razones están claras –por ejemplo, Reino Unido realiza evaluación de coste/efectividad a través de un órgano estatal independiente, NICE–, pero hay muchos países que no hacen públicos sus motivos”, ha explicado.
Asimismo, en el estudio se identificaron las decisiones de cada país en cuanto al reembolso o financiación pública de esos medicamentos por parte de las autoridades sanitarias de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemaina, Italia, Holanda, Polonia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido.
Miguel Martín, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha reclamado que las administraciones europeas, incluyendo la española, “deben garantizar el acceso universal a los fármacos oncológicos realmente eficaces, sin distinciones regionales o de otro tipo. En nuestro país, con ciertas diferencias y restricciones autonómicas que la SEOM ha detectado, se mantiene un razonable acceso a los fármacos antitumorales más modernos y eficaces. En España, el acceso es aceptablemente bueno, aunque sabemos que se puede mejorar. Sin embargo, no podemos olvidar que la sostenibilidad del sistema sanitario español, con una población con expectativa de supervivencia cada vez mejor, y con unos costos sanitarios cada vez mayores, será difícil de mantener si no se revisa la inversión en salud (actualmente el 6,2% del PIB, por debajo de la media europea del 7,2%, EUROSTAT 2015) y no se ajusta la organización del sistema de salud español a la nueva situación de la población”.
