| viernes, 27 de septiembre de 2019 h |

En España hay poco concepto de lo público. Quizá sea algo heredado porque el concepto de Estado del Bienestar llegó a nuestras fronteras tarde y con muchas mochilas de desconfianzas afianzadas en el pasado. El servicio público se presupone que debe estar ahí pero pocas veces se defiende como propio. De hecho, las bajadas de impuestos suelen ser aplaudidas por una inmensa mayoría y las subidas de los mismos se relacionan con el despilfarro de una clase política que vive (y con mucha razón) sus peores momentos. En la coctelera populista la denostación de la política se mezcla muy bien con las bajadas impositivas y eso merma a los servicios públicos.

Pero esta situación general no es siempre la norma. También hay veces que se quiere hacer negocio —usando en el significado más peyorativo posible— con lo público. Ese es el caso de las concesiones que ha disfrutado Ribera Salud en la Comunidad Valenciana. No es una cuestión de que una concesión sea mala per sé y además esto entronca con el debate ideológico. Se trata de que un servicio público, sea gestionado con manos públicas o privadas, debe responder a las necesidades del ciudadano. Porque de eso va la historia, de que el ciudadano es el dueño final de todo. Cuando es público porque sale directamente de sus impuestos. Y cuando se hace una concesión, igual, también sale del dinero de cada nómina que se cobra a final de mes.

La Comunidad Valenciana estimó a finales de 2017 lo que debía el Hospital de Alzira tras hacer tres liquidaciones anuales. Según sus cálculos, 90 millones de euros. Estas liquidaciones siguen sin estar resueltas y la pregunta que debe hacerse hoy cada valenciano es por qué. La Consellería de Hacienda no las cursó y Ribera Salud tampoco demostró la diligencia que se le debe exigir a alguien que hace las veces de servicio público. Al final, que ese dinero no esté en las arcas valencianas empeora el Estado del Bienestar regional y el sistema de salud en particular. Porque ese dinero serviría para poder cursar otras políticas sanitarias que también necesita la comunidad autónoma.

Más allá de los reproches, hoy lo que importa es que uno haga los deberes para cobrar y el otro no mire para otro lado cuando le toca pagar.