C.M.L. Madrid | viernes, 28 de abril de 2017 h |

Con el borrador de los PGE sobre la mesa del Ministerio de Sanidad, Hacienda echa mano de calculadora para atar algunos flecos que todavía quedaban pendientes en materia de recursos humanos.

Las condiciones laborales de los trabajadores siguen siendo un punto de inflexión en un sector que tiene varias promesas en el horizonte.

La recuperación de la jornada de 35 horas es una de ellas. La semana pasada, la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, aseguró que están dispuestos a escuchar la petición de los sindicatos de reducir la jornada laboral en la Administración, si bien advirtió de que el coste de fijarlo como normativa básica se situaría entre los 800 y los 1.200 millones de euros.

Esta nueva vuelta de tuerca, —no hay que olvidar los intentos fallidos de comunidades como País Vasco o Castilla-La Mancha por recuperar las horas y recurridos ante los tribunales por el Gobierno Central— supone un aliciente para los funcionarios sanitarios.

Esta cuestión, aunque todavía no está materializada será estudiada a lo largo de la legislatura. Collado reconoció que habría un “problema de sostenibilidad” en la posibilidad de implantar la jornada de 35 horas en la Administración, aunque “de todo se puede hablar”.

De momento, las conversaciones entre Hacienda y organizaciones se están produciendo.

Asimismo, la secretaria de Estado aseguró que de aprobarse los presupuestos, los salarios aumentarán un uno por ciento este año. Un incremento que, por otra parte, no convence a las organizaciones que lo consideran insuficiente para recuperar el poder adquisitivo durante la crisis.

Por otra parte, Collado indicó que en 2017 se incluyen nuevos sectores prioritarios con el 100 por cien de la tasa de reposición y que el empleo público se fortalecerá con una oferta pública de 67.000 nuevas plazas.

Sindicatos

En esta misma línea, las organizaciones sindicales también trabajan en el borrador de los PGE.

CC.OO. envió a los grupos parlamentarios sus propuestas de enmiendas al proyecto de ley.

En materia de retribuciones, los profesionales sugieren incrementos económicos del 2,1 por ciento, a sumar el 1,5 por ciento que el propio Gobierno estima oficialmente como previsión de inflación, y el 0,6 por ciento perdido por la inflación final del 2016 y el incremento de las retribuciones aplicado en dicho año (1 por ciento).

Además de los esfuerzos en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, la estabilización de las plantillas es el objetivo principal.

El sindicato vuelve a insistir en la tasa de reposición y que los PGE contemplen esta tasa esté configurada como mínimo, de tal manera que las Administraciones “puedan superarlas cuando sus servicios públicos lo estimen”.