A mediados de enero, durante el transcurso de la reunión de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, con los miembros del Foro de Atención Primaria para conocer el plan de trabajo que llevará a definir el nuevo marco estratégico del primer nivel, el portavoz del foro, Salvador Tranche, presidente de Semfyc, ya lanzó la voz de alarma. La ausencia de una política consensuada sobre recursos humanos, alertó, hace que las comunidades no encuentren médicos de familia que contratar. Tranche denunció que en algunas regiones como Andalucía, Cataluña, Castilla y León o Canarias, se están contratando graduados en Medicina que carecen de especialidad, una práctica ilegal que pone en riesgo, insistía, la seguridad del paciente.
La llamada de atención pareció pasar inadvertida, y pocas semanas después y de manera oficial, la consejería de Sanidad de Castilla y León planteaba llevar a la Mesa Sectorial de Sanidad un baremo para contratar a médicos sin especialidad MIR para cubrir necesidades en primaria y Urgencias.
Marcha atrás en CyL
El clamor unánime de sindicatos y sociedades científicas del primer nivel a esta medida ha hecho que su consejero, José María Sánchez Aguado, haya dado marcha atrás a lo que todos consideran un mal parche que pone en riesgo a los pacientes.
Con este ruido de fondo, el Foro de Médicos de Atención Primaria se ha reunido esta semana y ha mostrado su rotunda oposición a estas medidas que, tal y como recalcan, inciden negativamente en la equidad en las prestaciones sanitarias de todos los ciudadanos, en la calidad de la asistencia, y que afectan a la línea de flotación de la medicina en atención primaria.
Recuerdan que los profesionales llevan años denunciando una situación extrema y que no solo han diagnosticado ya los problemas, sino que también han ofrecido enunciados para reflotar lo que ha sido un “modelo de éxito”.
Desde el foro recuerdan que el título de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y de Pediatría y Áreas Específicas es un requisito indispensable a día de hoy para poder ejercer la medicina y la pediatría de atención primaria en el Sistema Nacional de Salud.
Por todo ello, consideran que es necesario garantizar la protección del título con el fin de impedir el acceso al ejercicio a personas no cualificadas. Y remarcan que “las administraciones sanitarias son las primeras que deben de velar por ello y para que se cumpla la legislación vigente, tanto en España como en Europa”.
Al mismo tiempo, argumentan que la falta de profesionales, aunque sea con carácter excepcional y de manera transitoria, no puede ser justificación para prescindir de la necesidad y obligatoriedad del título de especialista, algo que, de llevarse a cabo, es ilegal.
Así las cosas, apostillan que la contratación de médicos de cualquier especialidad o sin título homologado, para trabajar en atención primaria, además de ser una imprudencia, implica un desconocimiento de la formación de Grado, donde es reconocido el déficit de formación específica en las mismas.
