Carlos B. Rodríguez Madrid | viernes, 08 de marzo de 2019 h |

En la última década, la innovación biofarmacéutica se ha concentrado en el desarrollo de tratamientos oncológicos con mejoras de magnitud variable en la supervivencia y rápidos incrementos de precios, que deja a su paso muchas preguntas. El segundo de los diálogos sanitarios de Funcas y la Fundación Ernest Lluch ha reunido a los investigadores Josep Tabernero y Beatriz González López-Valcarcel para tratar de responderlas. Ambos incidieron en que, para equilibrar innovación y sostenibilidad, es preciso mirar a la organización, en forma de reglas del juego claras y estables o de una agencia ejecutiva en red para comprar a nivel nacional.

A pesar de que, debido a la longevidad de la población, la incidencia del cáncer es relativamente alta en España (en 2018 se vieron afectadas unas 18 millones de personas, de las fallecieron más de 9,5 millones) y de que la incidencia aumentará hasta 2030, los expertos resaltan que la reducción de la mortalidad es un hecho, gracias sobre todo a las nuevas opciones de tratamiento. La ventana de oportunidades que ha abierto la inmunoterapia sólo es comparable al aumento que ha implicado en los costes. En 2016, el gasto en fármacos oncológicos aumentó un 15 por ciento en Estados Unidos. En el lado de las ventas, los estudios apuntan a que el crecimiento hasta 2020 se concentra en oncología e inmunoterapia.

Nuestro país no es ajeno a esta tendencia. Según la economista López-Valcárcel, España gasta en torno a los 2.600 millones de euros en medicamentos oncológicos, una cifra que crece con incrementos de dos dígitos en un momento en que la economía crece en torno al 2 o al 3 por ciento. “Hay más incidencia, es cierto, pero los precios sí que van subiendo muchísimo más que el nivel de precios de la economía o la mediana de los salarios o cualquier cosa con que queramos comprobarlo”, añadió.

Ambos expertos fueron claros a la hora de ubicar la raíz del problema. “Fármacos que son muy activos valen por mes exactamente lo mismo que fármacos que son mínimamente eficaces. ¿Por qué? Porque el precio lo marca el mercado; no lo marca la eficacia”, aseguró Tabernero, que también apuntó que “las reglas del juego tampoco han sido claras”.

Esa regla pasaría, en primer lugar, por definir qué estamos dispuestos a pagar como sociedad. Otra sería el establecimiento de “un modelo adecuado de reembolso por valor”. De hecho, uno de los pilares del trabajo de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), que preside Tabernero, ha sido la creación de una escala de magnitud de beneficio clínico que permita priorizar sistemas de reembolso de medicamentos en base al en valor y con una adaptación geográfica geográficamente.“ Aquí divergimos con la actitud del Ministerio, que intenta fijar el precio de un fármaco e irlo bajando en base a indicaciones pero sin ningún tipo de adaptación al valor que tiene el fármaco en cada área terapéutica diferente o en cada enfermedad diferente. Nosotros prensamos que es un modelo que no tiene futuro”, aseguró el oncólogo.

López-Valcárcel se centró más en el poder de compra de los estados. A su juicio, “encontrar diferencias de precios entre países es lógico”, ya que las compañías piensan globalmente, pero actúan localmente, y porque esos precios reflejan la disposición a pagar de cada sociedad. De la misma manera, consideró que discriminar precios por indicación responde “a la lógica del comportamiento racional óptimo del monopolista”, pero resaltó que el debate no es si el precio por indicación es bueno o malo, sino cuál es ese precio. Así, frente al poder de mercado del vendedor ella opone el del comprador y la arquitectura institucional de los estados. “Si el precio de mercado es tan alto porque el monopolista se enfrenta a toda la demanda él solo, lo lógico es ejercer el poder de monopsonio del comprador. La idea de tener pequeños compradores dispersos haciendo acuerdos oscuros con la industria es un disparate desde el punto de vista social”, aseguró. ¿Qué implicaría esta propuesta? Juntarse como compradores y disponer de una agencia ejecutiva, algo que para esta experta también resolvería posibles inequidades territoriales.