El debate sobre la financiación sanitaria está sobre la mesa desde que, a principios de año, la Conferencia de Presidentes lo acogiera como uno de los bastiones principales de las comunidades autónomas.
Fruto de aquel encuentro se conformó un Comité de Expertos para analizar el modelo de financiación autonómico. El informe, que salió a la palestra a finales de julio, ya ha tenido sus defensores y detractores. Lo cierto es que el esfuerzo que queda todavía es importante.
Esta semana, el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, José Martínez Olmos, defenderá una moción consecuencia de Interpelación por la que insta al Gobierno a promover un debate más amplio en el Consejo Interterritorial sobre las necesidades de financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Martínez Olmos explica a GM que la mejora de la economía tiene que permitir más recursos para el Estado del Bienestar. De este modo, el PSOE estima que los costes que realmente tiene el SNS son de unos 8.000 millones de euros.
A su juicio, en los últimos años se ha acentuado la insuficiencia presupuestaria de la sanidad española, “y aunque el FLA ha permitido pagar a proveedores, no deja de ser un préstamo bancario que se tiene que devolver con intereses y además previo a un plan de ajustes”.
De hecho, considera que el horizonte que plantea el Gobierno en sus últimas previsiones a la Unión Europea “es dedicar menos dinero en términos de PIB a la sanidad pública”. Ante esta insuficiencia, coincide en el tiempo la reflexión de los expertos para buscar cómo la reforma de la financiación autonómica podría permitir hacer la sanidad sostenible.
El informe
Este fue el objetivo del informe elaborado por los expertos que, sin embargo, en opinión de José Martínez Olmos presenta algunas lagunas y “no cumple los objetivos”.
El portavoz del PSOE en el Senado considera que no valora la insuficiencia financiera. “No forma parte de la reflexión las desigualdades que existen, no sólo en financiación sino también en términos de resultados que tienen que ver con la escasa financiación: es decir, que tengamos más listas de espera que nunca, o las inequidades entre comunidades autónomas”.
Por otra parte, considera que las respuestas que dan estos expertos también son discutibles. “Dejar que las comunidades pongan copagos generaría desigualdades entre servicios”, indica.
Asimismo, explica que el documento no hace ninguna reflexión sobre el cambio de modelo de financiación sanitaria: “dicen que van a financiar la autonomía, luego entonces no cumplen el objetivo del encargo que se les hizo en la Conferencia de Presidentes de cómo asegurar la suficiencia financiera y la sostenibilidad del Estado del Bienestar”.
