El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado este miércoles las críticas de los partidos en la oposición a las unidades de gestión clínica del Servicio de Salud de Castilla y León y se ha preguntado dónde está la privatización cuando el modelo de la Consejería de Sanidad, que también se aplica en Asturias o Andalucía, persigue “todo lo contrario”.
Así lo ha asegurado el procurador ‘popular’ José Máximo López Vilaboa en su argumentación en contra a una PNL del Grupo Podemos –ha sido secundada por el resto de los partidos– que han reclamado derogar el Decreto de las unidades de gestión clínica e iniciar un proceso de participación para la elaboración de un modelo consensuado entre los profesionales y la Administración en aras a un pacto regional para la gestión de la sanidad pública.
Podemos ha planteado una PNL para derogar el decreto
El PP ha rechazado los “argumentos inciertos” y las “descaradas mentiras” de los otros grupos en su oposición frontal a las unidades de gestión clínica por “perjuicios ideológicos” y “fantasmas de privatización” que no existen. López Vilaboa ha recordado que en los actuales planes anuales de gestión de los hospitales ya se fijan criterios económicos y ha calificado de “radicalmente falso” que se vayan a modificar derechos laborales.
El procurador ‘popular’ ha lamentado las críticas de la oposición sobre que las unidades de gestión clínica se convertirán en pequeños reinos de taifas o en cortijos, algo que, en su opinión, dice muy poco de su consideración a los profesionales a los que, según ha explicado, la Consejería quiere involucrar más.
Desde las filas proponentes, la procuradora de Podemos Isabel Muñoz ha reclamado una sanidad de todos y para todos y ha reconocido la importancia de implicar a los profesionales sanitarios pero de forma menos jerárquica y más horizontal, por lo que ha insistido en la necesidad de iniciar un nuevo proceso participativo para alcanzar un modelo de consenso.
“Miedo me da”, ha exclamado Muñoz, quien ha augurado que con las unidades de gestión clínica todas las malas prácticas que se dan ahora en los hospitales se van a ver multiplicadas por diez.
Por su parte, la socialista Mercedes Martín ha aclarado al PP que los centros sanitarios no se gestionan en estos momentos desde la anarquía. “Hay un sinfín de problemas pero están obsesionados por las unidades de gestión clínica”, ha ironizado la socialista, que ha recordado que la verdadera preocupación de los pacientes pasa por no esperar un año para una ecografía y por que se gestione con eficiencia y eficacia. “Qué trampa encierra esto”, se ha preguntado Martín, quien ha considerado “inaceptable” anteponer el dinero a la calidad asistencial.
La oposición considera que el decreto tiene “muchos defectos”
En el caso de Ciudadanos, el procurador Manuel Mitadiel ha dado el visto bueno a la propuesta de Podemos en pro al diálogo, a la participación y al consenso si bien ha lamentado la falta de objetividad en este debate al dudar de la “fe absoluta” de la Administración sobre la efectividad de las unidades de gestión clínica y también de los que las consideran “la fuente de todos los males”.
Dicho esto, ha considerado que el Decreto que regula las unidades de gestión clínica no reúne todas las condiciones necesarias y tiene “muchos defectos” por lo que ha evidenciado la contestación del sector y la poca participación que ofrece el sistema.
Desde el Grupo Mixto, su portavoz, José Sarrión, de IU, se ha mostrado radicalmente en contra de las unidades de gestión clínica en línea con lo que defienden los sindicatos, ha recordado, ante su deriva privatizadora que antepone criterios económicos en un servicio central como el sanitario.
Sarrión también ha afeado la falta de diálogo en la implantación de estas unidades de gestión clínica y ha avanzado que IU mantendrá un “sistemático rechazo” a este modelo.
Finalmente, el leonesista Luis Mariano Santos ha reconocido el derecho de cualquier gobierno a autoorganizarse pero ha cargado contra la “lucha sin cuartel” entre las normas y los profesionales. También ha compartido la advertencia de que el objetivo de esta nueva estructura es la rentabilidad, por encima de las personas, y ha aconsejado una redefinición del modelo.
