CARMEN M. LÓPEZ Madrid | viernes, 02 de marzo de 2018 h |

La primera Comisión de Sanidad del Congreso del año arrancaba, la semana pasada, con recordatorios al Gobierno de asuntos aprobados en pasados encuentros y sin atisbo de ver la luz, y con nuevas sugerencias, en forma de Proposiciones No de Ley (PNL) para mejorar la calidad asistencial del sistema sanitario.

Es el caso de los pacientes con diabetes. Un debate que monopolizó este encuentro con dos iniciativas para incorporar a la cartera básica de servicios los sistemas de monitorización de la diabetes —una del PSOE y otra del Grupo Mixto— que se defendieron al unísono.

La enmienda transaccional fue aprobada por todos los grupos a excepción del PP y de Ciudadanos, a pesar de los esfuerzos de los grupos proponentes por ‘contentarlos’, incluyendo alguna de las sugerencias que en el debate se pusieron de manifiesto.

Como explicó el portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Francisco Igea, la inequidad actual entre comunidades con respecto a estos dispositivos es una realidad, de ahí su postura contraria a esta propuesta. Incorporar, por tanto, estos sistemas sería oportuno, siempre y cuando se hagan estudios coste-efectividad según grupos poblacionales. Su defensa pasó por que sean las agencias de evaluación de tecnologías las que lleven a cabo estas evaluaciones a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

Por su parte, desde el Grupo Popular, la diputada Isabel Cabezas, avanzó que Sanidad ya está avanzando en analizar el coste efectividad de estos dispositivos. “El Ministerio trabaja en una Comisión de Prestaciones para analizar la evidencia científica”. Además, tras el análisis de esta Comisión, las conclusiones serán analizadas por el Consejo Interterritorial (Cisns) y por tanto, el PP defiende que sea en este cónclave donde se alcance un acuerdo sobre la inclusión en la cartera común de los sistemas de monitorización de la glucosa.

A pesar del interés del PP por incluir estos dispositivos en la cartera básica —en Andalucía impulsó una PNL, que fue aprobada por unanimidad para financiar los sistemas flash de monitorización de la glucosa para pacientes con múltiples inyecciones diarias de insulina— sorprende que esta transaccional no les haya seducido tanto como para aprobarla en la comisión. Además, tanto el PSOE como el Grupo Mixto, incluyeron en el texto final su petición de que sea en el Cisns donde “se tomen los acuerdos pertinentes, a la vista de la evidencia disponible, sobre la inclusión en la cartera común de servicios de los sistemas de monitorización de la glucosa”.

Desde Podemos, su portavoz Amparo Botejara, llamó la atención a los grupos impulsores de la iniciativa por no haber incorporado datos como el umbral de coste por el año de vida ajustado por calidad (AVAC). También contentaron a la formación morada, y finalmente se sumó al ‘sí’, añadiendo en el texto la financiación de estos sistemas, “para aquellas indicaciones que resulten más coste-efectivas”.

Como recordó Guadalupe Martín, diputada del PSOE, el coste económico de estos dispositivos está en torno a los 1.500 euros al año, unos 120 euros al mes. Además, al menos 13 países (Francia, Austria, Alemania, Italia y Suecia, entre ellos) ya financian públicamente, de forma total o parcial, estos productos y diversas comunidades autónomas han anunciado ya su voluntad de financiarlos a determinados grupos de pacientes de diabetes.

En este sentido, homogeneizar la situación en el resto del SNS es el objetivo de esta iniciativa que insta al Gobierno a su incorporación, avanzando así en la equidad de acceso a los avances en diabetes.

Del mismo modo, proponen que se garanticen las dotaciones económicas oportunas a las comunidades para hacer frente a este gasto.

En cuanto al precio de estos sistemas, el Congreso apuesta por abrir las negociaciones con la industria de forma inmediata de tal manera que se mejore la accesibilidad de estos sistemas, “reduciendo el impacto de su financiación pública, y una reducción de los precios de venta libre para el resto de personas con diabetes”. Precisamente, este era otro de los reclamos de Podemos. Si bien, algo difícil de conseguir, a juicio de Botejara, teniendo en cuenta que “el vicepresidente del Consejo Asesor es de Medtronic, uno de los principales fabricantes de estos dispositivos”. Un planteamiento que le sirvió para pedir la dimisión de la ministra.

Por último, los grupos también han reducir las cargas burocrácticas de los visados de inspección, de común acuerdo con las comunidades autónomas.