Hay una práctica muy habitual en la política española y que suele usarse cuando no se quiere hacer demasiado ruido. Los gobiernos, cuando llega la época estival, o cualquier otra fecha que tenga a la mayoría de los ciudadanos con la tensión baja, aprueban o comienzan a tramitar legislaciones polémicas. El Real Decreto de Especialidades cumple a la perfección con esta cualidad porque es prácticamente imposible que el texto vaya a contentar a todos. El Ministerio quiere que la audiencia pública se produzca en agosto y para ello en los pocos días que le quedan a julio intentará publicar el decreto y su consiguiente listado de requisitos a superar para ser una especialidad o bien un área de capacitación específica.
Este panorama, inevitablemente, retrotrae al 25 de julio de 2014. Entonces el Gobierno aprobó el Real Decreto de Troncalidad, predecesor defenestrado por el Tribunal Supremo del ahora protagonista. En aquella ocasión el periodo estival sirvió de bálsamo engañoso porque a partir de septiembre Sanidad comenzó a coleccionar recursos judiciales tanto de sociedades científicas como de sindicatos. Puede que por honrar a la historia, el actual gobierno se quede sólo en la audiencia pública y no en la aprobación definitiva
Pendientes de él hay muchas sociedades científicas pero una de las grandes y polémicas incógnitas está en qué pasará con Urgencias y Emergencias y con Infecciosas y Microbiología Clínica. Las dos cuentan con el beneplácito de casi toda la esfera política nacional e internacional y, sin embargo, la decisión, que ya está tomada, se guarda bajo llave. ¿Por qué? Pues porque reconocer a estas especialidades resta capacidad a Atención Primaria y Medicina Interna, respectivamente. El problema para el Ministerio es que el asunto está tan enconado que no permite decisiones tibias ni perfiles ‘pilatienses’. Se contentará a unos y se perjudicará a otros.
Con este horizonte la única salida, y que además es la que mejor se vendería de cara a la opinión pública, es pensar en las necesidades del Sistema Nacional de Salud y el beneficio de los pacientes. Si la decisión que se tome cumple con estos dos requisitos podrá gozar del aval suficiente ante las críticas que se sufran, que las habrá, no tengan dudas.
