Jefa de Sección GM | viernes, 13 de septiembre de 2019 h |

Las inequidades en el acceso a los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) siguen su curso en España. En muchas comunidades, la receta debe ser visada para obtener financiación pública. Los criterios de financiación no se corresponden con las indicaciones de uso según las recomendaciones de las sociedades científicas, por lo que, ante este escenario, los expertos coinciden en que es necesario replantear la supresión de todas las barreras que existen en aquellas indicaciones en las que los ACOD son más seguros que los anti vitamina K (AVK). Hay que tener en cuenta que la primera causa de mortalidad en la mujer en España es el ictus. Ante esta situación, ¿cuál es la estrategia en prevención? ¿Se está haciendo un abordaje correcto de estas patologías?

La realidad es que en España los ACOD presentan un nivel de penetración muy inferior al de los países de nuestro entorno, a pesar de que figuran como primera opción recomendada avalada por las guías de práctica clínica y por las sociedades científicas. España es el único país de Europa donde se prescriben ACOD en segunda línea de tratamiento. Los últimos datos (noviembre de 2018) indican que la tasa de prescripción de ACOD se sitúa en el 40,4%, muy por debajo del 66,7% de la media europea.

En 2018, Europa actualizó sus guías de práctica clínica con nuevas indicaciones que difieren de lo indicado en el informe de posicionamiento terapéutico (IPT) que en 2016 actualizó la Agencia Española del Medicamento. Una actualización polémica por no recoger las recomendaciones de las diferentes sociedades científicas. Actualmente la situación no ha variado sustancialmente y lo cierto es que el acceso a los anticoagulantes orales de acción directa lleva un ritmo desigual en España.

Como aseguran las sociedades científicas esto no se debe a un problema en su prescripción, sino a las diferencias que existen en cuanto a los límites que se ponen por el visado en algunas comunidades autónomas que, a su vez, deriva en el IPT, que a juicio de las sociedades científicas “está obsoleto”.

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