Ana Prieto, portavoz de Sanidad en el Congreso y diputada del PSOE por Lugo
Quiero aprovechar las primeras líneas de este artículo para expresar mi profundo pesar por el fallecimiento de miles de personas como consecuencia de la infección a causa de la COVID-19. Especialmente deseo trasladar mi apoyo y cariño a sus familias y seres queridos, y una pronta recuperación a aquellas personas que todavía padecen la enfermedad en estos momentos.
No hay sombra de duda de que esta pandemia es un tsunami que marca un antes y un después en nuestras vidas; desde hace un año estamos inmersos en una crisis de salud pública, además de económica y social, provocada por el SARS-CoV-2 que nos ha permitido comprobar, por un lado, la gran calidad profesional y humana del personal sanitario, que, en circunstancias muy tensas y complejas han sido un ejemplo para la sociedad; por otra parte hemos visto la calidad de nuestro sistema sanitario y su capacidad de adaptación.
Pero esta crisis también nos ha mostrado las fortalezas y debilidades de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), dejando clara la necesidad de introducir reformas. Es indudable que los cambios necesarios deben contar con el mayor consenso político posible y con unas cuentas públicas a la altura de las circunstancias.
El Congreso de los Diputados definió en 2020 una hoja de ruta con prioridades en materia de sanidad y salud pública, con un amplio acuerdo en el seno de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social de España. Es un consenso que una vez más quiero destacar y agradecer la voluntad de acuerdo de todos los grupos parlamentarios que, con gran sentido de la responsabilidad, supieron entender la necesidad de generar un espacio de acuerdo común trabajando para alcanzarlo. Todos, excepto VOX, que, por cierto, abandonó la Comisión.
Muchas veces he dicho que acordar y pactar no es abandonar las posiciones propias, sino reconocerse en la pluralidad de la sociedad; por ello, quiero expresar mi agradecimiento a este ejercicio de responsabilidad, en el que con política, diálogo, responsabilidad y compromiso nos entendimos, desde la discrepancia en ocasiones, pero con lealtad. También quisiera poner en valor la dedicación y las aportaciones de todos los comparecientes expertos, que nos ofrecieron con generosidad encomiable, lo mejor de su conocimiento. Y por supuesto las ideas que algunos ciudadanos y diferentes entidades nos hicieron llegar, que contribuyeron a completar y enriquecer el acuerdo.
En mi grupo, el socialista, hay siempre la voluntad de escuchar y buscar el acuerdo, para hacer frente, desde la unidad, a la mayor amenaza para la salud y el bienestar social de nuestro país en un siglo; y aunque todavía nos atenaza, vemos la luz al final del túnel de la mano de la ciencia y de la política, con la realidad de la vacunación, que, gracias al trabajo del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas, comenzó el 27 de diciembre. El Consejo Interterritorial de Sanidad ha tenido y tiene un protagonismo indiscutible en la gestión de la crisis: el foro de la cogobernanza, en el que las Comunidades Autónomas consensuaron con el Ministerio de Sanidad la Estrategia de Vacunación.
Con toda la información recibida, en el ecuador de 2020, hicimos la foto de la situación actual de nuestro sistema sanitario público, para después plantear de qué manera podemos fortalecerlo, estableciendo esa hoja de ruta antes mencionada, con claros retos y prioridades.
Con este acuerdo, al que, con gran esfuerzo, fuimos capaces de llegar, tenemos en nuestras manos una valiosa herramienta, con la que ya se están dando los pasos necesarios para responder a las nuevas realidades generadas tras la grave crisis sanitaria derivada de la COVID-19, y a los retos pendientes tras años de gobiernos del PP que, con desacertadas políticas de austeridad, adelgazaron y debilitaron los servicios públicos.
El Gobierno y el conjunto de las Administraciones Públicas tuvieron que afrontar la pandemia con los Presupuestos Generales del Estado de 2018, con los que el Gobierno de Pedro Sánchez realizó un despliegue sin precedentes; hoy, pese al escepticismo de algunos grupos de la Cámara, tenemos unas nuevas cuentas públicas en vigor desde el 1 de enero, que son una palanca sólida y rotunda con que hacer frente a la pandemia. Son unas cuentas que garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos, y en especial a la Sanidad.
Uno de los retos a los que el SNS se enfrenta es la reforma y fortalecimiento de la Salud Pública. En las conclusiones recogidas en el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción, en lo relativo a sanidad y salud, ha quedado plasmado que es prioritario el fortalecimiento de las estructuras y los servicios de Salud Pública y el desarrollo de la Ley de Salud Pública. Se trata de que se pueda hacer frente a importantes déficits en la vigilancia epidemiológica y en la prevención y control de enfermedades infecciosas, así como en los ámbitos más amplios de la salud pública que incluyen la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles.
De esta manera tenemos el desarrollo de un plan de emergencias frente a epidemias y otras criris sanitarias, en el marco del “Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19” elaborado por el Gobierno.
Es importante el refuerzo de la presencia de la salud pública española a nivel internacional. Avanzamos en un sistema de información de salud pública, que, con la creación de un Centro Estatal de Salud Pública, es crucial para aumentar la resiliencia del sistema sanitario para las amenazas a la salud colectiva, dotado con 5 millones de euros en los PGE 2021 para su puesta en marcha. Con la creación del Centro Estatal de Salud Pública estaremos mejor preparados ante eventuales pandemias u otro tipo de catástrofes, que, junto con la instauración de una Reserva Estratégica de materiales de protección y equipamientos médicos necesarios, nos permitirán afrontar cualquier alerta sanitaria que pudiera producirse en un futuro, reserva que para la compra de stock de medicamentos críticos para el Depósito Estratégico de la AEMPS cuenta con 20 millones de euros en los PGE 2021. Unas conclusiones materializadas en las cuentas públicas.
En los Presupuestos se ha dotado con 225 millones el plan de mejora del sistema estatal de salud pública y vigilancia epidemiológica
En la esfera de derechos de la ciudadanía, el refuerzo y actualización de la Atención Primaria, devolverá su carácter vertebrador al SNS, de manera que se mejore su labor de atención comunitaria, para entre otras cuestiones, desarrollar con mayor eficacia las labores de vigilancia epidemiológica frente a la Covid-19, se concluye en el Dictamen. Para ello se propone entre otras medidas, impulsar la enfermería comunitaria. En consecuencia, en lo que respecta al SNS, los servicios de salud autonómicos reciben el apoyo del Gobierno de España, traducido en un escenario de coordinación en los 1.088,86 millones de euros consignados en los presupuestos, para la implantación del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria acordado por el Consejo Interterritorial.
Dentro de las conclusiones, se ha considerado un reto de enorme relevancia que consiste en establecer una nueva política de recursos humanos para mejorar las condiciones de trabajo y de contratación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo prioritario, de acabar con la temporalidad estructural del actual sistema. Así, de acuerdo con las comunidades autónomas y en el marco del diálogo social se contempla en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, poner en marcha un plan de recursos humanos, que fomente la estabilidad en el empleo y la mejora de la retribución; e impulsar políticas de planificación y desarrollo profesional y formativo, de manera que se aumente el número de plazas de formación sanitaria especializada en los territorios que así lo requieran.
Para reforzar la atención y la coordinación de los sistemas sociales y sanitarios, es necesario elaborar planes de contingencia con el objetivo de organizar y planificar las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas institucionalizadas en centros residenciales, en los que se establecerá como principio la derivación de los residentes al Sistema Nacional de Salud, ante la necesidad de una atención más especializada.
Según las conclusiones, en la sanidad del siglo XXI es imprescindible la transformación digital, la inteligencia artificial, el BIG DATA, la telemedicina o la medicina personalizada de precisión. Se ha concluido en el Dictamen, en la necesidad de definir e impulsar una Estrategia de Transformación digital con objetivos a medio y a largo plazo.
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han sido objeto de las conclusiones. Son esenciales para mejorar el funcionamiento de los sistemas de salud. Hay que abordar la transformación digital y renovar las tecnologías que se hayan podido quedar obsoletas; el desarrollo del Plan de Renovación de Tecnología Sanitaria en el SNS queda concretado con una consignación de 400 millones de euros, en unas cuentas que, para la transformación digital, los sistemas de información sanitaria y la vigilancia epidemiológica contemplan 200 millones de euros.
Se trabaja desde el Ministerio, a través de la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación en el desarrollo de esta Estrategia de Salud Digital, en la que se contará con la colaboración de las CCAA y participación de los sectores y actores implicados.
Varios millones de personas se han descargado ya la App Radar Covid y las comunidades autónomas han conectado su aplicación con sus sistemas sanitarios. Importante ayuda a los equipos de salud pública en el rastreo de los contactos estrechos ante casos positivos de COVID.
La salud digital debe contribuir a unos servicios de salud equitativos, universales y de calidad.
Es necesario impulsar la I+D+i en salud, incrementando los recursos y favoreciendo su utilización ágil y eficaz, para fomentar la investigación sanitaria como pieza clave en le estructura científica española, porque el sector salud y la biomedicina son fundamentales para promover el potencial económico y tecnológico de nuestro país. El Gobierno cuenta con el mayor presupuesto de la historia para la ciencia y la innovación española: en partidas no financieras para I+D+i sube 1.200 millones de euros, un 59,4% con respecto a 2020. Estos últimos días el Gobierno ha presentado en el Congreso el Pacto por la Ciencia para impulsar la inversión al 2% del PIB.
Se concluye en el Dictamen la importancia de tener en cuenta a la farmacia comunitaria y a los profesionales farmacéuticos para el apoyo y la colaboración con el resto de profesionales de primaria en todas las actividades relativas al uso racional de los medicamentos, el seguimiento farmacoterapéutico, la adherencia a los tratamientos y otros programas de salud en los que el trabajo en equipo puede ampliar y potenciar el alcance de sus objetivos de la primaria.
Evitar que los copagos sean una barrera de acceso al medicamento, es otro de los deberes que nos puso la Comisión, para revertir años de recortes de derechos. Las cuentas públicas con 257 millones de euros consignados permiten que los colectivos más vulnerables ya se beneficien de la supresión del copago farmacéutico que se introdujo en 2012 por el PP.
También se concluyó en el fomento de la plataforma de compras centralizadas de medicamentos del SNS a través del INGESA. Para ello se cuenta con 34 millones de euros.
Para una mayor y mejor financiación, es básico dimensionar los recursos con carácter general destinados al Sistema Nacional de Salud y actualizar el Sistema de Financiación Autonómica, ofreciendo un marco estable de suficiencia dinámica al SNS. De manera que se adecúe la financiación sanitaria a las necesidades reales del SNS, muy menguada como consecuencia de la crisis económica y financiera. Son objetivo de las conclusiones estas cuestiones.
Activando el Fondo de Garantía Asistencial FOGA, como mecanismo de compensación de la asistencia sanitaria entre CCAA, se favorece la equidad en el acceso a los servicios sanitarios, así como la libertad de movimientos de los pacientes en el SNS. El Fondo de Cohesión Sanitaria, suspendido desde 2013, es fundamental para la cohesión del sistema, que cuenta con casi 67 millones para estas políticas de cohesión territorial, incluyendo el fondo asistencial y el fondo de garantía.
El Gobierno de España entiende que es imprescindible asegurar una financiación sanitaria, suficiente, y equitativa para el SNS, cuestión capital que se recoge en el Dictamen. Por ello los Presupuestos Generales del Estado 2021 sumados los fondos europeos, consagran 3.421 millones de euros para el Ministerio de Sanidad. Suponen 3.094 millones más, un incremento del 946,8%, lo que convierte al Ministerio de Sanidad en uno de los que más crece porcentualmente. En total, los PGE2021 destinan 7.330 millones de euros a reforzar la sanidad, incluyendo partidas de otros Ministerios.
Las conclusiones recogidas en el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, en lo relativo a sanidad y salud, son de vital importancia. Su desarrollo con visión estratégica y con un amplio acuerdo como el de la Comisión de Reconstrucción nos permitirá promover un nuevo pacto social y político en pro de la sanidad pública, que implique a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores de la sociedad. Este pacto debe de construirse en torno a los valores y principios sobre los que se sustenta nuestro actual Sistema Nacional de Salud (SNS), recogidos en nuestra Constitución y en las leyes sanitarias que los regulan. Es decir, un sistema sanitario público de acceso universal, de gran calidad, que promueva la cohesión y la equidad territorial y social. Como resultado de este nuevo pacto, obtendremos los acuerdos necesarios para gestionar el Sistema Nacional de Salud, independientemente del color político de quien gobierne.
Estoy convencida de que este acuerdo, junto con el objetivo último de la protección social desde lo público que, junto con los Presupuestos Generales del Estado, son instrumentos que permitirán afianzar nuestro sistema sanitario público, mejorar su calidad y confirmar su acceso universal, para así garantizar la protección de la salud a toda la población, avanzando hacia esa meta en la que todos ganamos.
Son tiempos de arrimar el hombro, aparcar polémicas y trabajar por una sanidad pública mejor y más fuerte como objetivo compartido con quienes gobernamos y con quienes pueden gobernar en el futuro. Cada día está más cerca ganarle la partida al virus, con las vacunas, y el trabajo con unión y sin sectarismos.
