Retos de la política farmacéutica, por César Hernández

Por César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia

732

La política farmacéutica va más allá de la prestación farmacéutica abarcando la investigación, desarrollo, producción, distribución y uso de medicamentos y productos sanitarios, así como aspectos industriales, medioambientales y estratégicos del país. El conjunto de normas y reglamentos que gobiernan la política farmacéutica, tanto a nivel europeo en los aspectos que son competencia supranacional como a nivel nacional en aquellos que son competencia de los Estados miembros, tienen un impacto significativo tanto en la salud pública como, también, en la propia economía de los países.

Hablar de retos de la política farmacéutica es hablar de las oportunidades que ofrece una capacidad científica y tecnológica cada vez mayor de ofrecer soluciones a los problemas de nuestros ciudadanos –por lo tanto salud pública- pero, también, de accionar elementos que protejan al sistema, incluyendo a la propia industria, de lo que Akerlof y Shiller han llamado la economía de la manipulación.

¿Qué queremos tener? Queremos un fuerte tejido investigador que vertebre tanto las capacidades del sector público como del privado. Queremos modular los incentivos hacia áreas en las que las necesidades médicas sean mayores corrigiendo, cuando y como sea necesario, aquellas en las que los incentivos comerciales no están necesariamente alineados con las necesidades de la población (por ejemplo, las resistencias antimicrobianas). Queremos que la investigación –clínica y preclínica- sirva para prestar las garantías necesarias, pero que no se conviertan en una barrera cara y/o innecesaria. Queremos aprovechar todas las oportunidades que la ciencia de los datos puede ofrecer para generar conocimiento, para apoyar la toma de decisiones, y para re-evaluar las decisiones ya tomadas.

Queremos un sistema regulatorio rápido y garantista. Pero no olvidemos que una regulación sofisticada (y una toma de decisiones en cascada también sofisticada, al menos tanto como lo es el sector farmacéutico) requiere invertir en estas capacidades. Queremos que el sistema funcione como un bloque integrado de forma que evitemos el trabajo en silos. Necesitamos fortalecer el sistema regulatorio, necesitamos desarrollar una evaluación de tecnologías sanitarias transparente, participativa –incluyendo a pacientes- y útil para las decisiones que hay que tomar en tiempo y forma. Porque, y este es el núcleo central de nuestros retos, queremos que los pacientes tengan acceso a las innovaciones de manera oportuna y precoz, que ese acceso genere conocimiento, pero –condición sine qua non- que ese acceso sea justo, equitativo y sostenible.

Queremos, y necesitamos, poder acomodar las decisiones de financiación y precio al conocimiento real y acomodar de manera condicional, provisional o acelerada estas decisiones en función del potencial impacto sobre la salud pero, inevitablemente también, en función de la incertidumbre clínica y financiera. Igual que aceptamos las autorizaciones condicionadas a la resolución de las incertidumbres mediante estudios que las compañías están obligadas a proporcionar, debemos también aceptar decisiones de precio y reembolso condicionadas a la resolución de estas incertidumbres (y no solo de manera testimonial). Queremos predictibilidad y dotarnos de un marco de criterios transparente y públicos que permita a desarrolladores conocer qué se les va a pedir y cómo deberían orientar sus desarrollos.

“Se hace necesario un pacto entre todas las partes interesadas que garantice que innovación, acceso y sostenibilidad no sean elementos contrapuestos, desarrollando políticas efectivas que satisfagan las necesidades”

Si queremos innovación y acceso rápido, estas políticas solo pueden asentarse sobre un sector fuerte y competitivo de genéricos y biosimilares con una cadena de suministro robusta, resiliente y no dependiente de terceros. Necesitamos vías para el reposicionamiento de viejos medicamentos, incluso a instancias de entidades sin ánimo de lucro. Necesitamos, imperativamente, cuidar de los medicamentos que son estratégicos y deshacer, de alguna manera, esta maraña de precios entrecruzados en la que, por mucho que se hable del pago por valor, el valor y el precio han dejado de ir juntos hace ya algún tiempo.

En conclusión, los desafíos a los que se enfrenta la política farmacéutica son complejos y multifacéticos, y requieren un equilibrio cuidadoso de intereses aparentemente contrapuestos. Garantizar el acceso a medicamentos asequibles y eficaces, equilibrar la innovación y la asequibilidad, proteger los derechos de propiedad intelectual pero incentivar un sector fuerte de genéricos y biosimilares, garantizar la calidad y la seguridad de los medicamentos y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud son consideraciones clave. En definitiva, se hace necesario un pacto entre todas las partes interesadas que garantice que innovación, acceso y sostenibilidad no sean elementos contrapuestos desarrollando políticas efectivas que satisfagan las necesidades de los pacientes y del sistema sanitario, al tiempo que dinamizan la investigación y un sector industrial que es clave para la economía y el bienestar sin comprometer que ello pueda seguir siendo posible a la vuelta de unos pocos años.