Vivimos una sociedad de lo inmediato, de la escasa razón, de mucha emoción y menos reflexión, cuando no aplicación del conocimiento en la mejora de la regulación. Estos días viene siendo noticia que hay una epidemia de gripe, entre otras, asociada al frío, y que observamos frecuentes escenas de saturación de los diferentes servicios de urgencias hospitalarios con una elevada ratio de llamadas y actuaciones en los servicios de emergencias. Nada nuevo. Es algo recurrente en los últimos cuarenta años. Es algo también bastante universal. La saturación en urgencias es un problema conocido de salud pública a nivel mundial. Es decir, es algo previsible, susceptible a la planificación desde el principio de precaución. También observamos el aumento exponencial de la frecuentación en estos servicios, especialmente en los dos últimos años postpandemia.
El Sistema de Urgencias y Emergencias es un buen termómetro del funcionamiento general del sistema sanitario. Se pueden inferir “diagnósticos” y posibles soluciones, centrándonos en el futuro. En España disponemos de una excelente base legislativa, posiblemente necesitada de alguna adaptación y no poco desarrollo normativo, teniendo en cuenta que el comportamiento de las sociedades va evolucionando con el tiempo y que los sistemas sanitarios deben estar supeditados a las sociedades a las que dan servicio. Recomendaría en este sentido observar la evolución de los datos de encuestas como el CIS. Creo que Sanidad es un ministerio de Estado. Si no ha quedado esto claro tras una pandemia que ha condicionado a todos los sectores de la sociedad, sirva decir que es uno de los aspectos de mayor preocupación en las encuestas de población y que su capacidad regulatoria condiciona de manera importante todas las partidas presupuestarias, que suponen en su conjunto casi la mitad de los presupuestos de cualquier comunidad autónoma. A partir de esta realidad se pueden sugerir propuestas de mejora del Sistema en su conjunto, incluyendo Urgencias.
Es precisa una actualización del sistema de financiación. Variables como demografía, edad o dispersión geográfica, entre otras, deberán implicar que se acepte que los datos sobre gasto sanitario por habitante no son comparables sin tenerlas en cuenta, en un país como el nuestro, en el que el gasto privado llega ya al 30%, frente a Alemania o Francia, entre otros, con alrededor de un 15%. Igualmente, hay que plantear qué queremos financiar más y mejor en un bien social como la sanidad: mayor salud o mayor actividad (no necesariamente equivalentes). Incluso en los peores momentos de la crisis del 2011 no dejó de aumentar la partida de gastos intermedios (algo relativamente equivalente a lo que sería en la cadena alimentaria el trayecto entre productor y consumidor final), frente a la contención e incluso descenso en las partidas de recursos humanos y gasto farmacéutico. Esto tendría implicaciones regulatorias de necesaria actualización, incluyendo estándares claros, mucho más elaborados y conocidos de contabilidad analítica, algo sensiblemente mejorable desde la desaparición del antiguo INSALUD. Todo ello, entre otros indicadores, generaría mayor seguridad jurídica tanto a las administraciones como a los diferentes proveedores, teniendo en cuenta la imprescindible, por necesaria, colaboración (que no sustitución) entre el sistema sanitario público y el privado.
La pandemia supuso una terrible convulsión en todos los sistemas sanitarios. La prevención futura incluye hacer efectivo a nivel supranacional el Reglamento Sanitario Internacional, incluyendo una política veterinaria consensuada. A partir del mismo, es igualmente válido referido en este caso a la Unión Europea, y a España, que se tomen en consideración sistemas de respuesta temprana, con regulación detrás, de obligado cumplimiento, y atendiendo a las posibles asimetrías de penetración de la alerta en cuestión. Algo perfectamente aplicable en el caso de epidemias como la actual y futuras. Es decir, será muy recomendable a partir de octubre de 2024, durante unas cuantas semanas, y quizá obligado en entornos sociosanitarios, el uso de mascarillas, algo muy bien percibido y entendido por la población española. Y, ministerio de Seguridad Social y agentes sociales mediante, puede ser útil la autogestión de bajas de corta duración en momentos puntuales; así como poner a disposición medicación básica de control sintomático para no distraer recursos y facilitar la colaboración ciudadana.
El futuro de la sanidad pasa inexcusablemente por una adecuada gestión de la prestación farmacéutica, que supondrá partidas de gasto (o inversión) muy importantes, e implica que los pacientes la reciban de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas, durante el período de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad. Es preciso estandarizar y homogeneizar en España la innovación farmacéutica, actualizar el Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas (CAR-T), o establecer un fondo de cohesión específico para el abordaje de medicamentos de alto impacto para enfermedades ultra-raras, entre otros aspectos. Y hay que asumir la imprescindible colaboración privada, sin complejos. Hay quien ha sugerido incorporar la ayuda opcional al desarrollo científico en la declaración anual de la renta. Excelente propuesta.
Por último, es ineludible hacer compatible las necesidades de conciliación profesional con la garantía de la accesibilidad a la prestación sanitaria de la población. El elemento principal de eficiencia del sistema sanitario español consiste en contar con un personal altamente cualificado y caro de formar, muy voluntarista, con unas retribuciones muy por debajo de lo que ocurre en países de nuestro entorno. La sociedad española consideró en su momento muy importante invertir mucho dinero en una elevadísima cualificación tanto de médicos como de enfermeras. Cada vez es mayor en número, superada la barrera idiomática, la acreditación de estos profesionales para trabajar fuera de España, y va en aumento. La competencia será cada vez más internacional. Y la tasa de retorno es baja. Un aspecto que puede atenuar esto, y que depende del Estado (ministerio), es el desarrollo de la regulación de innumerables acreditaciones y títulos que existen en la práctica (en breve se aprobará la especialidad de Medicina de Urgencias), así como penalizar, vía Estatuto Marco, la demora en los procesos de consolidación (que no de oposición) de empleo. Esperamos con ilusión este 2024.
