Por Rosa Medel, Portavoz de sanidad de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados
La pandemia ha obligado al Estado y a las Comunidades Autónomas a legislar con urgencia para hacer frente a una realidad sanitaria tan grave como inesperada. El caso más conocido es el de los sucesivos Reales Decretos que han declarado o prorrogado el estado de alarma para responder a los riesgos sanitarios.
Pero si hay una ley decisiva en el ámbito sanitario esa ha sido la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Los nuevos Presupuestos han incrementado de manera notable la inversión en sanidad.
Una nueva respuesta europea se ha abierto camino en los últimos meses. La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia también será determinante para el devenir del Sistema Nacional de Salud, pues uno de sus ejes de orienta a fortalecer sus capacidades.
La crisis de la COVID-19, como es lógico, ha condicionado la legislación sanitaria, pero al mismo tiempo ha motivado importantes cambios normativos en otras muchas dimensiones de la sociedad y la economía. Algunos debates han planteado un falso dilema entre economía y salud. Pero la salud es condición necesaria para la economía, al mismo tiempo que el bienestar y la igualdad socioeconómica mejora la salud de la población. Desde esta perspectiva, es claro que el escudo social que el Gobierno ha ido construyendo también sirve para proteger la salud pública en un contexto de urgencia social.
La crisis sanitaria ha puesto de relieve que nuestro sistema sanitario tenía deficiencias estructurales. El personal sanitario trabaja en condiciones de precariedad y es insuficiente en número. Al objeto de revertir esta situación se está tramitando la iniciativa legislativa popular sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos, que ya ha dado su primer paso en el Congreso de los Diputados.
“Algunos debates han planteado un falso dilema entre economía y salud. Pero la salud es condición necesaria para la economía al mismo tiempo que el bienestar y la igualdad socioeconómica mejora la salud de la población”
También somos conscientes de que no basta con tener buenas leyes, sino que estas deben desarrollarse y cumplirse. Es el caso de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, una buena ley cuya falta de desarrollo durante la última década nos ha dejado en una situación de vulnerabilidad ante la crisis sanitaria.
Aunque la pandemia, como no puede ser de otra manera, ha acaparado toda la atención, recientemente se ha producido una novedad de alcance histórico, como es la aprobación en el Congreso de la Ley de Eutanasia. En Unidas Podemos estamos muy orgullosas de nuestra contribución en su redacción y en su aprobación. Tenemos la convicción de que ampliar y garantizar derechos es lo que da sentido a la política, también en materia sanitaria.
Quedan muchos desafíos por delante. En 2021, sin duda, toca abordar una de las grandes debilidades de nuestro sistema sanitario, la salud mental. Desde la reforma psiquiátrica de los años 80, que dio paso a la desinstitucionalización, los avances en este campo han sido discretos y desiguales. El abordaje está dirigido a aminorar los síntomas fundamentalmente a través del tratamiento farmacológico, relegando la promoción y la inclusión social y comunitaria. Es evidente que este enfoque no es suficiente, más aún a raíz de efectos devastadores de la pandemia en la salud mental de la población, según indican todos los estudios.
Nosotros pensamos que disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental es una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos humanos, como el de la equidad y el respeto a la dignidad y a la autonomía individual.
También llegará el momento de revisar la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, la norma que abrió la puerta por la que se colaron las privatizaciones en nuestro país. Hoy en día hay un consenso social sobre la necesidad de fortalecer la sanidad pública que debe traducirse en ley.
Consideramos que la sanidad pública es un instrumento para la cohesión social y territorial y la compensación de desigualdades. Por ello es necesario ir eliminando la inequidad que supone que dos millones de personas adscritas al sistema de mutualidad de funcionarios tengan una asistencia sanitaria diferenciada. Si las clases medias huyen del sistema sanitario público se perderá la sostenibilidad social del sistema. Nosotros planteamos que el funcionariado de nueva incorporación sea adscrito a la sanidad pública. Seguiremos trabajando para garantizar la equidad de nuestro sistema sanitario.
