Las competencias sanitarias transferidas a las CC. AA. : entre los avances y los retrocesos

Por Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y ex ministra de Sanidad

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Ya han pasado veinte años desde que se completó el proceso de transferencias sanitarias a las Comunidades Autónomas. Fue este un proceso que inició la extinta UCD en 1981 con el traspaso de competencias a Cataluña.

Tuvieron que pasar veinte años más hasta que un Gobierno del Partido Popular, el 27 de diciembre de 2001, acordó con 10 Comunidades Autónomas la transferencia de competencias, recursos humanos y económicos, infraestructuras y servicios.

Con estos acuerdos el Sistema Nacional de Salud alcanzaba, por fin, su pleno despliegue y se hacía realidad el modelo de sistema sanitario descentralizado previsto por nuestra Constitución. El objetivo de los padres constituyentes fue acercar la asistencia sanitaria a los ciudadanos y así proteger más eficazmente su salud.

Los artículos 43 y 149 de nuestra Carta Magna, los Estatutos de Autonomía y la Ley General de Sanidad están en las raíces de nuestro sistema sanitario.

Pero, como decía, no fue un camino fácil. Baste recordar que en los años anteriores a la aprobación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad en el seno del Gobierno socialista se debatió con intensidad la instauración de un modelo de servicio público centralizado a semejanza del National Health Service británico. Afortunadamente, la senda de nuestra Constitución prevaleció y se optó por un modelo descentralizado basado en la cooperación territorial y el liderazgo del Ministerio de Sanidad.

Una vez culminado el proceso transferencial, se hacía necesario garantizar la cohesión del sistema sanitario público y la calidad en la gestión asistencial.

Este doble objetivo presidió la elaboración de un Proyecto de Ley que el Ministerio que estaba a mi cargo presentó y mereció el respaldo de todos los Grupos Parlamentarios. Así vio la luz la Ley 16/2003, de 28 de Mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, con la que se quiso que descentralización y solidaridad no fueran factores antagónicos, sino instrumentos para ganar en cercanía a los ciudadanos y en eficiencia en la gestión asistencial.

El Consejo Interterritorial y la Cartera Común de Servicios fueron las principales herramientas allí establecidas para salvaguardar la igualdad territorial y la equidad en la asistencia sanitaria.
Sin embargo, el devenir del Sistema Nacional de Salud muestra claroscuros y problemas, que no deberían ignorarse; sobre todo, problemas de equidad en el acceso a las prestaciones derivadas de la aplicación de criterios autonómicos heterogéneos.

En buena medida, la raíz de tales problemas está en el modelo de financiación del sistema sanitario público, que viene acarreando una insuficiencia presupuestaria crónica.

El modelo de financiación trató de revisarse en la Conferencia de Presidentes Autonómicos convocada por Rodríguez Zapatero en 2005, pero por problemas de diversa índole, a mi juicio principalmente una deficiente preparación técnica de aquel encuentro, no se aportaron las soluciones esperadas.
Se mantuvo el ritmo de gasto y ello se tradujo en deudas, que en 2011 sumaban más de 16.000 millones de euros de facturas que estaban sin pagar. Y a las que, por supuesto, hizo frente el Partido Popular cuando formó gobierno a finales de aquel año.

La superación de la crisis económica, los cambios de Gobierno y la pandemia Covid 19 han ido dejando en lista de espera el tema de la financiación sanitaria.

Recientemente (diciembre de 2021) el actual Gobierno, ante las insistentes peticiones de las Comunidades Autónomas, ha anunciado una reforma de la financiación autonómica, que parece querer priorizar Sanidad y Educación. Se afirma que se llevará a cabo teniendo en cuenta un criterio de “población ajustada”, concepto cuyo contenido real habrá que conocer y que, en todo caso, habrá de ser debatido entre quienes ponen el acento en el volumen de población y los que consideran fundamentales las características territoriales (dispersión geográfica de la población, insularidad, regresión del número de habitantes) y cómo ponderan estas variables.

Algunas críticas ya han surgido, advirtiendo riesgos de “trajes a medida” y de arbitrariedad. Es necesario, pues, que el nuevo proyecto de modelo de financiación autonómica sirva para solucionar los serios desajustes que sufre el Sistema Nacional de Salud.

Acertar es de suma importancia, porque la financiación es el talón de Aquiles de nuestro sistema sanitario, más aún tras la pandemia de la COVID 19.

Es cierto que los fondos europeos podrán ayudar, pero las soluciones para lograr la ansiada sostenibilidad van vas allá de los parches y de la apelación a una supuesta eficiencia que en realidad podría estar dando amparo a medidas de ajuste y de pérdida de calidad asistencial en función de criterios económicos.

Estas medidas no se corresponden con el derecho de los pacientes a una igualdad efectiva (artículos 3 y 16 de la Ley General de Sanidad y 23 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud).

Se hace, por tanto, necesaria una política sincera y responsable que defienda la gestión descentralizada y económicamente sostenible.

Habrá que buscar el consenso político e institucional para que así sea. Vale la pena el esfuerzo de todos para conseguirlo. Entre todos sería preciso:

  • Evaluar el rendimiento del sistema sanitario y mejorar los
    sistemas de información.
  • Apostar por la digitalización y mejorar los sistemas de
    información
  • Incorporar de terapias farmacológicas y tecnologías
    sanitarias innovadoras
  • Fomentar la calidad asistencial y la seguridad de los
    pacientes.
  • Mejorar el acceso a la asistencia sanitaria,
  • Mejorar los sistemas de información,
  • Impulsar una verdadera gobernanza (porque a la
    experiencia de la cogobernanza le queda mucho por
    mejorar), ampliando y fortaleciendo las funciones del
    Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
    • Establecer un nuevo modelo de financiación, en el que se
    tengan en cuenta los principios de suficiencia, calidad
    asistencial y eficiencia en la gestión.
    • Mayor transparencia en la contratación pública.
    • Regular la coordinación sociosanitaria.
    • Potenciar la política de recursos humanos, su estabilidad,
    formación y motivación.
    • Apoyar con mayor decisión la investigación biomédica y la
    innovación, recuperando para el Sistema Nacional de Salud, el
    Instituto de Salud Carlos III.

    • Establecer un nuevo marco regulatorio para la colaboración
    público-privada.
    • Aprobar medidas de apoyo para la participación, la formación e
    información de los pacientes y sus asociaciones
    Creo sinceramente que hacerlo daría fortaleza y futuro a nuestro
    sistema sanitario.
    Ojalá que así suceda, porque el momento histórico por el que ahora
    atravesamos exige que mostremos un esfuerzo por la negociación y
    el diálogo con generosidad e inteligencia.