Los políticos, las políticas y sus consecuencias para los ciudadanos

Artículo de opinión de Jaime Giner, presidente del COF de Valencia

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Nuevo año, nuevo Gobierno, cambio en la gestión y nuevas medidas… Cambios que, si se hacen desde el rigor y la escucha, pueden ser positivos. Desde el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) valoramos conocer distintos puntos de vista antes de tomar una decisión, porque no queremos dividir, sino sumar. Y eso esperamos que haga el nuevo Ejecutivo. Especialmente en materia sanitaria.
Cuando desde el MICOF defendemos el derecho a la salud de los ciudadanos estamos de acuerdo con la eliminación de copagos o el acceso universal a la Sanidad. Pero para eso hacen falta recursos económicos y éstos no son ilimitados. Por eso está bien que se comprometan a aumentar la inversión en la sanidad, hasta un 7 por ciento del PIB en 2023, porque, sin duda, falta va a hacer si se tienen que sufragar los productos ortoprotésicos y dietéticos que se dispensan en las farmacias españolas, por ejemplo.
Llama la atención que PSOE y Unidas Podemos señalan que van a “orientar” las políticas sobre la industria farmacéutica “hacia el cuidado de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios”. Interpretamos que esta medida fomentará una bajada de los precios de los medicamentos. Una medida populista para los ciudadanos, pero preocupante para la sostenibilidad económica del farmacéutico. Si el nuevo ejecutivo no quiere fulminar la maltrecha red farmacéutica rural y generar malestar en el sector, tendrá que plantearse un cambio retributivo en la farmacia. Es insostenible que una farmacia, especialmente rural o VEC, pueda mantenerse con las ganancias de los márgenes de los medicamentos, especialmente si los precios bajan. Problemática que también afecta a muchas farmacias de grandes ciudades.

“Si el nuevo ejecutivo no quiere fulminar la maltrecha red farmacéutica rural y generar malestar en el sector, tendrá que plantearse un cambio retributivo en la farmacia”


Por otro lado, la desfasada legislación sobre servicios de urgencia de las farmacias no reconoce nuestro derecho al descanso ni la conciliación con la vida familiar, hasta límites que rayan la esclavitud. La realidad del siglo XXI no tiene nada que ver con la de hace 50 años, cuando se estableció que los servicios de urgencia estaban retribuidos con el margen profesional. Actualmente dicha retribución es un 25 por ciento más baja, con el doble de farmacias en la actualidad, y lo será más de aplicarse medidas como las subastas. Una legislación que reconoce la retribución de estos servicios pero que es obsoleta aumenta la insostenibilidad económica del establecimiento y agrava la situación al no permitir, en muchas boticas, una conciliación de la vida familiar. Si a ello añadimos las exigencias de alcaldes que reclaman una atención farmacéutica de 24 horas en poblaciones que no la necesitan, se obvian los derechos del farmacéutico y agravan más la situación de la farmacia. Esta normativa debe contemplar la nueva realidad en cuanto a mejores vías de comunicación y transporte, además de que el paciente sale estabilizado del centro sanitario, los servicios de urgencia son necesarios, pero más racionales. La sanidad debe basarse en la Calidad, no en la Abundancia.
Si no se plantea un cambio en el sistema retributivo, muchas farmacias cerrarán y ello repercutirá en la accesibilidad al medicamento . Un cierre de una farmacia en un pueblo pequeño tendría como consecuencia el inevitable problema al acceso de la prestación sanitaria. No hay que olvidar que el farmacéutico es el primer eslabón de la cadena asistencial sanitaria y muchas veces el único. La farmacia rural es fundamental para el servicio sanitario en extensas zonas de este país y solucionar la despoblación. Y, sin embargo, la administración sanitaria no reconoce ese rol al farmacéutico y no lo incluye en el sistema, una lástima porque podría aprovecharse de las ventajas que supondría para el sistema otorgarle el papel que le corresponde, sobre todo en lugares sin atención médica.
El farmacéutico está sobradamente preparado para asumir ese papel y está demostrado mediante estudios como INDICA+PRO el notable ahorro que supondría al Estado si el farmacéutico atendiera y tratara directamente los síntomas menores de los pacientes. Por eso juzgamos tan importante que el farmacéutico forme parte del sistema.
El nuevo gobierno ha diseñado un Marco Estratégico de Actualización de la AP, a partir del diálogo con comunidades autónomas y sociedades médicas, científicas y de pacientes, para “resolver el déficit de planificación en materia de profesionales, especialmente por lo que se refiere al ámbito rural”. Pero no ha contado con los farmacéuticos, dejando pasar una pieza que podría ser clave dentro de ese Marco Estratégico.
Desconocemos si el Gobierno contará con nosotros para desarrollar un sistema de atención temprana como contempla en sus medidas. Si no es así, los farmacéuticos valencianos estamos dispuestos a tender la mano al nuevo ejecutivo para dialogar y proponer iniciativas que, con mucha seguridad, serán beneficiosas para todos. Lo hemos hecho con otros proyectos como son la atención farmacéutica sociosanitaria y la domiciliaria. También hemos presentado propuestas para mejorar, junto con otros profesionales, el índice de vacunación antigripal o minimizar los problemas de la conciliación de la medicación a la alta médica.
Ha llegado el momento de que los poderes públicos corten las alas a voceros de representantes de otras profesiones, que no saben defender la suya y recurren a desprestigiar a otros profesionales para darse publicidad, dañando gravemente la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad del modelo. Necesitamos una administración valiente que tome decisiones por el bien del ciudadano, no de su estadística electoral.
Son muchas las iniciativas que desde el MICOF llevamos a cabo y ofrecemos a las administraciones y estamos dispuestos a repetirlo con quien quiera escucharnos. No nos cerramos a nuevas ideas y propuestas, como esperamos que no lo haga nuestro interlocutor. Y llegaremos donde haga falta para defender la dignidad de la profesión, sus derechos, sus deberes, y, por encima de todo, el interés del ciudadano que es, al fin y al cabo, nuestro objetivo principal. n