M. R. Madrid | viernes, 21 de junio de 2019 h |

“La normativa de los medicamentos no regula directamente la práctica médica ni los derechos de los pacientes aunque, sin duda, la prescripción médica debe responder a dichas regulaciones”. Con estas palabras, Cristina Avendaño, portavoz del Grupo de Medicamentos de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme), pone sobre la mesa la necesidad de que los médicos y las sociedades científicas tengan una mayor participación en las decisiones sobre financiación y uso de los medicamentos.

“Nos hemos posicionado públicamente frente a numerosos informes, planes de acción, decisiones administrativas, o procedimientos, no solo reclamando una mayor participación médica sino también una comunicación pública general a profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos tanto de las decisiones tomadas como del informe de justificación que avala cada una de ellas”, explica la también presidenta de la de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC).

Desde su punto de vista, una remisión genérica a los fundamentos legales o administrativos o a la sostenibilidad del sistema debe acompañarse de un análisis y justificación específica. De no ser así, asegura,” no es válida para avalar decisiones complejas que van más allá del precio del medicamento y que afectan tanto a la práctica médica como a la atención que reciben los pacientes”.

Así, desde Facme recuerdan que tanto el documento relativo a la prescripción médica de medicamentos autorizados y no incluidos en la prestación del SNS, como el plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos biosimilares y genéricos, denominados “reguladores del mercado”, se han publicado sin consulta a las sociedades implicadas.

Y es que la organización considera que los médicos, conocedores de las enfermedades y expertos en el manejo integral de los pacientes a los que se dirige el medicamento, “deben participar en la evaluación de la efectividad de los medicamentos y deben comprender por qué las decisiones finales coinciden o no con las condiciones aprobadas en las fichas técnicas o en los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos”.