Por Mónica M. Bernardo

Acceder a la innovación sanitaria sigue siendo uno de los caballos de batalla tanto de la industria como de la administración. Para que un paciente acceda a un nuevo medicamento tiene que pasar muchos más meses que en la mayoría de los países de nuestro entorno. El principal punto de demora tiene que ver con la evaluación del fármaco y los procedimientos de precio y financiación.

Con el objetivo de acelerar ese acceso a la innovación y mejorar la participación de los expertos y los pacientes en el evaluación clínica del medicamento, el Foro de Alto Nivel organizado por Farmaindustria se cerró con la mesa redonda: “La regulación económica de la industria farmacéutica en España. ¿Se estima todo el valor aportado por la innovación?”. En ella participaron Marta Trapero, profesora e investigadora de Economía Aplicada en la Universidad de Lleida, Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber, y Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, que apuntaron algunas soluciones.

La moderadora del debate, Cristina Avendaño, vocal de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), presentó la mesa reflexionando que estamos en un momento clave donde se presentan dos oportunidades que hay que aprovechar: la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, y la necesidad ‘urgente’ de adaptarnos y liderar la evaluación de técnicas clínicas en Europa.

Todos los participantes coincidieron a la hora de señalar que es precia una revisión de los procedimientos en la valoración de los fármacos estableciendo un sistema diferenciador que lo diferencie de la compra directa. La profesora Marta Trapero destacó que el actual sistema de evaluación tiene algunos puntos positivos pero requiere de mejoras para ser realmente efectivo.

Entre ellas señaló la necesidad de una guía metodológica propia del Ministerio de Sanidad con herramientas de validación interna y externa, una mayor transparencia a la hora de conocer el nombre de los evaluadores, “al menos los externos”, y crear un sistema de información con criterios claros “que incluyan la perspectiva de todos los agentes que configuran el Sistema Nacional de Salud, no solo los del medicamento”.

En ese sentido, Trapero invitó a reflexionar sobre los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) y la manera en la que presentan la información mezclando la económica con la sanitaria. “El problema no es la información que contienen sino como se incluye, debe estar junta pero no revuelta, se trata de un problema de rendición de cuentas y responsabilidades”, dijo. La economista también reivindicó añadir la estimación ‘ex post en los procesos de evaluación.

Medir lo que valora el paciente

El presidente de la Fundación Weber y también profesor de Análisis Económicos en la Universidad de Castilla-La Mancha apuntó al respecto que es fundamental incluir el valor diferencial de todos los agentes y cuantificarlo de manera adecuada. “En la evaluación del medicamento lo importante no es lo que cuesta, sino incluir también el beneficio que aporta desde la perspectiva social”, indicó.

Por tanto, Hidalgo sostiene que, además de la contribución económica y la optimización de los recursos, se deben tener en cuenta los resultados en salud y en incremento de calidad de vida de los pacientes. En ese sentido, ha subrayado la necesidad de ir hacia un modelo de evaluación más integral y holística que integre variables que midan el beneficio que valora el paciente. Para ello -recalcó- “es esencial romper la actual visión de silo, parcial y cortoplacista”.

El profesor también habló de que no se tiene en cuenta la aportación de la innovación en el tejido productivo y consideró ‘paradójico’ que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), en la que están los ministerios de Hacienda e Industria, no se mida el impactos de los medicamentos en los distintos ámbitos de la protección social. “Esto pone en peligro la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la sociedad en su conjunto”, apreció.

Acceso temprano

Por su parte el director de Estudios de Farmaindustria, Pedro Luis Sánchez abogó por cambiar la visión respecto al precio del medicamento en el que destacó que se deben tener en cuenta las externalidades positivas. “Cuanto se está estudiando un medicamento antes del dictamen parece que llegar hasta ahí no ha llevado ningún coste”, dijo. Para argumentar su discurso ha puesto sobre la mesa el largo proceso de elevado coste que lleva la investigación y desarrollo de un medicamento y ha pedido que no se “agoten tan rápido las posibilidades”.

Respecto al acceso temprano, Sánchez ha señalado que “hay herramientas que permiten un análisis riguroso de su aportación bajo un criterio exacto que se deben aplicar”. A su juicio se trata de identificar esos fármacos y establecer un sistema que permita su acceso precoz mientras se están evaluando para después ajustarlo una vez se incorpore al sistema.

Sobre este tema, Hidalgo añadió que sería positivo contar con un sistema temporal de entrada de fármacos que permitieran su uso anticipado, sobretodo cuando no hay otras opciones terapéuticas. “Un sistema que también incluya las salidas”, agregó. Por su parte, Trapero añadió que para ese acceso temprano bastaría con establecer criterios de acceso estipulados y definidos que se puedan llevar a la práctica. “Para ello es imprescindible que todos los agentes trabajen unidos con una visión global, entendiendo todas las parcelas no solo las de su responsabilidad”, concluyó.

En la clausura del Foro de Alto Nivel de Farmaindustria, Juan Yermo, director general de la patronal, cerró el acto apuntando que para el sector la regulación es fundamental porque da estabilidad y sirve mejor a la sociedad. No obstante, abogó por repensar los procesos de precio y financiación y la forma de elaborar los IPTs con evaluaciones independientes que ayuden a mejorar el sistema. Concluyó con un brindis para impulsar el diálogo abierto y la colaboración público-privada entre todos los agentes como claves para acelerar el acceso.


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