Desde la industria farmacéutica se investiga para desarrollar medicamentos que sean útiles en la lucha contra enfermedades con necesidades no cubiertas. Esto se traduce en que, cuanta más innovación hay, más oportunidades hay para los pacientes. Actualmente, en España el procedimiento para fijar precio y financiación pública de dicha innovación se ha hecho cada vez más lento e impredecible, lo que está provocando un importante retraso en el acceso de los españoles a nuevos tratamientos que repercute directamente en la calidad del sistema sanitario.
Durante el coloquio dedicado a la Innovación y proceso de aprobación en España, en el marco de la segunda edición de la ECO Lung Summit sobre grandes avances en el abordaje del cáncer de pulmón que organiza la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (Fundación ECO), participaba Humberto Arnés, director general de Farmaindustria. Este apuntaba que, para revertir la situación “es necesario mejorar el procedimiento actual para garantizar que las evaluaciones clínica y económica sean más objetivas, transparentes, participativas y predecibles”.
Inequidad en acceso
Además, Arnés recordaba que el estudio WAIT de 2020, realizado por la consultora Iqvia, refleja que de cada cien medicamentos autorizados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), los pacientes españoles tienen acceso a 54 de ellos. En oncología, esta disponibilidad en España es del 59 por ciento; mientras, en Italia y Francia es del 80 por ciento y en el Reino Unido, del 88 por ciento. “Comparándonos con los cinco principales países europeos vemos que en el nuestro el acceso a los medicamentos oncológicos es peor. La no disponibilidad o los retrasos en la toma de decisión suponen una pérdida de oportunidad para los pacientes, que en algunos casos ya no podrán beneficiarse de esos nuevos medicamentos”, indicaba Arnés.
Respecto al uso de los informes de posicionamiento terapéutico (los conocidos como IPT) como instrumento para la evaluación de la innovación, Arnés lamentaba que mezclen “indebidamente” la evaluación clínica y la económica. “Hay que hacer las dos, pero por separado y por equipos independientes”, señalaba.
Evaluación económica
Otro de los puntos que abordaba Arnés era la evaluación económica. Esta, decía, “debe basarse en el precio ofertado por la compañía y tener una perspectiva social, es decir, incorporando todos los beneficios y costes sanitarios y no sanitarios, no sólo el impacto sobre el presupuesto farmacéutico. Por su parte, el posicionamiento terapéutico de un producto tiene que ver con su aportación en términos de beneficio clínico añadido. Sólo así puede posicionarse un medicamento en terapéutica: según su valor clínico”.
Arnés se sumaba a las declaraciones de los expertos clínicos participantes en el debate, que pusieron de relieve que los clínicos no intervienen en estos momentos suficientemente en el proceso de evaluación de medicamentos, por lo que sugirió que fueran incluidos desde el inicio en la elaboración de los IPT. Siguiendo este hilo resaltó que “la colaboración con los clínicos, que son los que tienen el conocimiento de la patología y el manejo del paciente, sólo puede redundar en una mejor valoración del medicamento y, por tanto, en que la toma de decisiones a posteriori esté mejor motivada”.
Este debate lo moderaban Vicente Guillem, jefe de Oncología de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología, y Carlos Camps, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General de Valencia. También participaban Pilar Garrido, jefa de Sección de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid; Rosario García Campelo, jefa de Oncología del Hospital de A Coruña, y Miguel Ángel Calleja, jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Virgen Macarena, de Sevilla.
