Lo que más preocupa es un posible desabastecimiento. Pero no es el único quebradero de cabeza. La desconexión de la Unión Europea ha puesto en alerta a las principales patronales del sector farmacéutico de Reino Unido. La prioridad la lanzan sin cortapisas: “Los pacientes no deben sufrir ninguna interrupción en el suministro de sus medicamentos como consecuencia de las negociaciones”.
El problema no pasa solo por el hecho de que los pacientes pierdan el acceso al fármaco que necesitan sino que también implica a los procesos de fabricación, la investigación científica o el desarrollo de medicamentos, incluida la participación en ensayos clínicos. Entre las barreras, las que más asustan son las comerciales. Retrasos o escasez podrían presentar “un riesgo potencial” para los pacientes y por consiguiente para la salud pública, en el caso de que se trate de vacunas o antibióticos. Además de que aumentarían los costes para los pacientes, también lo notarían los presupuestos gubernamentales de salud tanto británicos como europeos.
Asimismo, se incrementaría tanto el coste como el tiempo si se tuvieran que transferir los métodos de ensayo para volver a realizarlos en un país distinto. Y no es solo una cuestión monetaria: los retrasos sustanciales en la cadena de suministro tendrían un efecto adverso sobre aquellos fármacos que tienen una vida útil limitada, como los radiofármacos. Las asociaciones consideran que un periodo de transición a partir de marzo de 2019 será fundamental para “garantizar el acceso a los medicamentos tras el brexit”. Asuntos que podrían parecer menores podrían causar complicaciones mayores. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá con la propiedad intelectual? La industria resalta “la importancia de garantizar la continuidad” de estos derechos en el momento del brexit y pide, nuevamente, transparencia sobre el proceso de transición. Algo parecido ocurre con las patentes. Pese a la voluntad de Reino Unido de ratificar el Acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes (UPC), la industria pide a los miembros de la UE “una mayor claridad” en el asunto y les insta a explorar “posibles vías para que Reino Unido se mantenga en el ámbito de aplicación del Acuerdo UP/UPC”. También ratifican su voluntad negociadora para facilitar “la cooperación” entre ambas partes.
Lo que más preocupa es un posible desabastecimiento. Pero no es el único quebradero de cabeza. La desconexión de la Unión Europea ha puesto en alerta a las principales patronales del sector farmacéutico de Reino Unido. La prioridad la lanzan sin cortapisas: “Los pacientes no deben sufrir ninguna interrupción en el suministro de sus medicamentos como consecuencia de las negociaciones”.
El problema no pasa solo por el hecho de que los pacientes pierdan el acceso al fármaco que necesitan sino que también implica a los procesos de fabricación, la investigación científica o el desarrollo de medicamentos, incluida la participación en ensayos clínicos. Entre las barreras, las que más asustan son las comerciales. Retrasos o escasez podrían presentar “un riesgo potencial” para los pacientes y por consiguiente para la salud pública, en el caso de que se trate de vacunas o antibióticos. Además de que aumentarían los costes para los pacientes, también lo notarían los presupuestos gubernamentales de salud tanto británicos como europeos.
Asimismo, se incrementaría tanto el coste como el tiempo si se tuvieran que transferir los métodos de ensayo para volver a realizarlos en un país distinto. Y no es solo una cuestión monetaria: los retrasos sustanciales en la cadena de suministro tendrían un efecto adverso sobre aquellos fármacos que tienen una vida útil limitada, como los radiofármacos. Las asociaciones consideran que un periodo de transición a partir de marzo de 2019 será fundamental para “garantizar el acceso a los medicamentos tras el brexit”. Asuntos que podrían parecer menores podrían causar complicaciones mayores. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá con la propiedad intelectual? La industria resalta “la importancia de garantizar la continuidad” de estos derechos en el momento del brexit y pide, nuevamente, transparencia sobre el proceso de transición. Algo parecido ocurre con las patentes. Pese a la voluntad de Reino Unido de ratificar el Acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes (UPC), la industria pide a los miembros de la UE “una mayor claridad” en el asunto y les insta a explorar “posibles vías para que Reino Unido se mantenga en el ámbito de aplicación del Acuerdo UP/UPC”. También ratifican su voluntad negociadora para facilitar “la cooperación” entre ambas partes.
