Hasta ahora parecía que un Brexit duro, encabezado por el primer ministro Boris Johson, era el peor de los escenarios para la industria farmacéutica británica. Sin embargo, el Partido Laborista ha ido más allá con su receta para acabar con el debate de los precios: licencias obligatorias, pools de patentes y crear una farmacéutica estatal de genéricos. Así, sin rodeos, lo anunciaba el líder del partido Jeremy Corbyn durante su discurso en la conferencia estatal de su formación. Todas estas iniciativas están incluidas en su programa “Medicines For The Many”, que pretende, dijo, que los medicamentos “sean asequibles para todos”.
El programa recoge varias iniciativas a desarrollar en el corto y medio plazo. Así, propone iniciar de forma inmediata un estudio para crear un marco de referencia, con indicadores objetivos y medibles, que cuantifique el retorno justo de la inversión , el impacto social de los proyectos de investigación financiados con fondos públicos. Además, propone desarrollar una propuesta para mejorar la transparencia del mercado farmacéutico de medicamentos y otros productos sanitarios, donde se incluirá “los precios”, en línea, dice, con la resolución de transparencia acordada en la 72ª Asamblea Mundial de la Salud.
Pero es en el medio plazo donde los laboristas lanzan las propuestas más polémicas. De este modo, dice el documento, “para garantizar un retorno de la inversión pública, se deben introducir condiciones de interés público más estrictas en los contratos de financiación del gobierno”. Para ello, establece la puesta en marcha de una “estrategia de acceso” donde se identifiquen las barreras y cómo mitigarlas o superarlas, “que incluye referencias al uso de licencias obligatorias”. Por ejemplo, el documento apunta a la necesidad de establecer “un precio objetivo y máximo que sea asequible para los pacientes en todos los países endémicos”.
Por otro lado, los laboristas británicos proponen que los derechos de propiedad intelectual sean “evitados o compartidos a través de licencias abiertas o con la participación en pools de patentes”. Dichos modelos, especifican, deben aplicarse a todos los procesos de desarrollo del medicamento, “desde la investigación básica hasta los ensayos clínicos en etapas avanzadas, así como para mejorar el acceso a los productos finales”.
También incluyen la necesidad de que las compañías reinviertan una parte de sus ganancias “en actividades económicas productivas o en un fondo público de innovación”. Aquí, los laboristas consideran que el estado debería recibir rendimientos financieros, sobre todo en las innovaciones “más exitosas en las que la financiación pública haya desempeñado un papel importante”. Estos “royalties”, señala, se pueden utilizar para financiar la innovación futura.
El documento va más allá en lo referente a la transparencia. Así, aboga por la “transparencia de los costes reales incurridos por las compañías farmacéuticas en el desarrollo de medicamentos”. Aclarar cuáles son los costos reales de la I + D, puntualiza, aportaría información al debate nacional e internacional sobre lo que constituye un precio justo y cómo se pueden diseñar nuevos modelos de financiación.
Cesión de licencias
Los laboristas británicos quieren traspasar las fronteras en materia farmacéutica para “garantizar un precio justo para el resto del mundo”. Para ello, quieren imponer condiciones a los medicamentos financiados con fondos públicos “que le permitan licenciar a un tercer país para producir genéricos asequible si el precio se convierte en una barrera de acceso”.
Además, quiere apoyar y promover los esfuerzos internacionales para garantiza una mayor transparencia en los precios, los costes de I+D o los ensayos clínicos, a través de foros internacionales como la Asamblea Mundial de la Salud, “en colaboración con gobiernos progresistas en Europa y otros países del sur”.
El modelo planteado en el programa de Jeremy Corbyn recuerda al anuncio realizado por el Gobierno de la India en 2016, cuando planteó un sistema denominado “de patentes esenciales”. La propuesta consistía en que una vez que se estableciese un protocolo de tratamiento, todas las patentes establecidas como críticas para dicho tratamiento debían entrar en la categoría de patentes esenciales. No obstante, por aquel entonces, desde el propio ejecutivo del país asiático consideraban que las licencias obligatorias no eran “una opción viable para afrontar la cuestión del acceso” .
Las licencias obligatorias “no son la respuesta”
Para justificar sus polémicas propuestas, el líder laborista aludió al caso Orkambi. El fármaco para la fibrosis quística de Vertex lleva inmerso en negociaciones para su financiación con el Gobierno británico desde 2015, año en que la EMA aprobó el medicamento. Desde entonces, son numerosas las protestas de asociaciones de pacientes exigiendo que la compañía y el Gobierno de Reino Unido establezcan un acuerdo que les permita acceder al medicamento. Esta situación ha sido calificada por Richard Torbett, director ejecutivo de Política Comercial de la Asociación de la Industria Farmacéutica Británica (ABPI), como “claramente inaceptable”. Por ello, ha dicho, “es necesario encontrar una solución para los pacientes y sus familias”. Sin embargo, ha añadido que las licencias obligatorias “no son la respuesta”. Poner en marcha ésta, y el resto de medidas propuestas por Corbyn, enviaría según la ABPI, “una señal enormemente negativa a los científicos británicos y desalentaría la investigación en un país que quiere ser un líder en innovación”.
