La Administración Biden pone sobre aviso a las compañías farmacéuticas y advierte que si el precio de ciertos medicamentos es demasiado alto, el gobierno podría anular la protección de sus patentes. El presidente Joe Biden ha debatido sobre si los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) tienen autoridad legal para anular una licencia de patente exclusiva concedida a los desarrolladores de fármacos si cobran demasiado por tratamientos basados en investigaciones financiadas por la agencia. “Hoy estamos dando un paso muy importante para acabar con la especulación con los precios, para que no tengan que pagar más por los medicamentos que necesitan”, dijo Biden en un vídeo de 15 segundos publicado en YouTube.
Los elevados precios de los medicamentos llevan tiempo en el centro del debate público y político. En un borrador de directrices políticas, la administración afirma que los organismos federales podrían hacer uso de los llamados derechos de “intervención” cuando una compañía no cobre un precio “razonable” por un producto, de modo que otras puedan venderlo más barato. Aunque los defensores de los consumidores y los legisladores aplauden la propuesta, a algunos les preocupa que se establezca un listón imposiblemente alto para determinar cuándo un precio es razonable.
Las compañías y las instituciones académicas se han opuesto a la medida, argumentando que cualquier acción de este tipo por parte de los NIH disuadirá a la industria de desarrollar y comercializar tratamientos basados en investigaciones financiadas por los contribuyentes. El grupo comercial ‘Pharmaceutical Research and Manufacturers of America’, calificó la propuesta de “hoja de ruta para confiscar patentes” y “otra pérdida para los pacientes e inventores estadounidenses”.
Los derechos de participación tienen su origen en la Ley Bayh-Dole de 1980, que permite a las instituciones académicas patentar invenciones realizadas con fondos de los NIH u otras subvenciones federales y conceder licencias exclusivas para que las empresas las desarrollen. La ley establece que si una invención no se comercializa o no se pone a disposición del público, el gobierno puede intervenir y obligar a la institución titular de la patente a conceder licencias de su invención a otras empresas.
Apoyo gubernamental en el desarrollo de fármacos
Las compañías llevan mucho tiempo apoyándose en la investigación gubernamental para desarrollar fármacos, siendo el avance más reciente el de las vacunas y tratamientos para la COVID-19. “La amenaza de una “marcha atrás” del gobierno sobre las patentes hará que muchas empresas farmacéuticas se lo piensen dos veces”, afirmó Jing Luo, profesor de medicina de la Universidad de Pittsburgh.
Por su parte, los grupos de consumidores y pacientes han argumentado que los NIH deberían ejercer sus derechos de intervención en el caso de los medicamentos que consideran inaccesibles para algunos pacientes estadounidenses debido a sus elevados precios. Las peticiones han exigido a la agencia que actúe en determinados casos. Sin embargo, los NIH nunca han ejercido su derecho de intervención, a pesar de que lo han solicitado al menos en siete ocasiones a lo largo de más de dos décadas.
“Utilizaré todas las herramientas posibles con el objetivo de obtener el acceso a los fármacos que nuestros pacientes necesitan. Y si alguna vez tengo que aplicar el derecho de acceso, será de acuerdo con principios que permitan alcanzar realmente ese objetivo específico”, concluye Monica Bertagnolli, directora de los NIH.
