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MARCOS GARCÍA Madrid | viernes, 28 de octubre de 2016 h |

El pasado 25 de octubre el Grupo Parlamentario de Ciudadanos (C’s) en el Congreso de los Diputados registró en la Cámara Baja una Proposición No de Ley (PNL) sobre la tributación de las transferencias de valor de la industria farmacéutica y de productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). En dicha iniciativa parlamentaria se pide expresamente que cualquier pago o transferencia de valor por parte de la industria farmacéutica a un profesional sanitario y que tenga como objeto la formación del mismo debe estar exento de pagar impuestos.

Más allá de las posibilidades que pueda tener esa propuesta política de salir adelante, la patronal innovadora se ha posicionado claramente a favor de la PNL planteada por el partido que lidera Albert Rivera. Fuentes internas de Farmaindustria han asegurado a EG que “la industria farmacéutica, los profesionales y, en general, el mundo de la salud han entendido siempre que tales patrocinios no debían ser considerados retribuciones en especie, o, en caso de serlo, no debían tener impacto fiscal en el profesional sanitario, ya que deben considerarse como una causa de exclusión según los supuestos que contempla la Ley del IRPF”.

Las razones que esgrimen desde Farmaindustria para justificar esta postura residen en la “obligación del profesional sanitario de mantener una formación continua”. Además, la patronal indica que ese “beneficio” redunda no sólo en el propio profesional sanitario sino que también lo hace en el sistema sanitario y en los pacientes.

El alineamiento de Farmaindustria con la iniciativa de C’s se produce justo semanas después de que el Ministerio de Hacienda anunciara que proyecta gravar fiscalmente todas las trasferencias de valor que reciban los profesionales sanitarios, incluidas las de formación. La consideración de la patronal innovadora de que estas retribuciones no son pago en especie es clave para evitar la tributación. Y es que la implementación del Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria, que obliga a que todos los contratos de colaboración entre profesionales sanitarios y la industria incluyan el nombre del profesional de manera pública a partir de 2018, abre la puerta a que Hacienda exija la tributación de esas cantidades.

La intención de C’s es acotar esa posibilidad de tributación y Farmaindustria considera correcta esa petición “para que la contribución de la industria farmacéutica a la formación médica a través de patrocinios para la asistencia a reuniones científico-profesionales sea eficiente y esté orientada a dichos objetivos científico-profesionales”, señalan las mismas fuentes internas.

Eso sí, desde Farmaindustria son sabedores de las incertidumbres que provoca tanto en el estamento sanitario como en la administración el ejercicio de transparencia, que supone publicar todas las transferencias de valor de la industria y los nombres de los destinatarios: “Desde Farmaindustria estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos, en diálogo abierto con colegios profesionales y sociedades científicas, y facilitando a la Administración toda la información útil para aclarar esta cuestión y encontrar una solución que elimine las incertidumbres actuales respecto del tratamiento fiscal de estos patrocinios”, señalan.

Formación que revierte

Otro de los aspectos que son claves a la hora de analizar la disyuntiva entre la necesidad o no de una tributación por los pagos para financiar la formación de los profesionales sanitarios reside en el objeto final de dicha formación. Desde la patronal innovadora se asegura que esa formación redunda tanto en el “desarrollo de los medicamentos para su uso adecuado, cuestiones esenciales para la calidad de la prestación sanitaria y la salud de los pacientes”. Además, indican que “la industria refuerza así su intención de mantener un trabajo conjunto con las sociedades científicas y los profesionales sanitarios que a lo largo del tiempo ha servido para impulsar la I+D de los medicamentos, así como para situar a nuestros profesionales a la vanguardia del conocimiento científico. Una necesidad de obligado cumplimiento, tal como establecen tanto la Ley de las Profesiones Sanitarias como la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios”.

El Código de Buenas Prácticas se empezó a implementar por primera vez el verano pasado cuando las compañías farmacéuticas hicieron públicas sus transferencias de valor. Los primeros resultados reflejaron que estas destinaron 119 millones de euros en 2015 a la formación de profesionales sanitarios, cantidad sobre la que habría fijado su interés el departamento que dirige Cristóbal Montoro.