Yolanda Martínez. Doctora en Periodismo y profesora de la UCM
El Senado argentino ha prohibido la venta de medicamentos fuera de las farmacias y puso fin a un periodo iniciado en 1991, con la liberalización de la comercialización de fármacos impulsada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Cuesta trabajo oír declaraciones como las del parlamentario Rubén Giustiniani, que señaló que “con esta ley se retoma el derecho universal a la salud”. En la actualidad Europa está sometida a los vaivenes de propuestas liberalizadoras de la prestación farmacéutica y por ello es de gran valor observar como en Argentina se ha tomado esta decisión. En los últimos 18 años en ese país los medicamentos no sólo no bajaron de precio sino que aumentaron, pero además floreció un negocio en torno a los falsificados, que eran adquiridos sin garantías sanitarias. Por ejemplo, no se podía garantizar la concentración de principios activos correcta, ni unas condiciones de conservación adecuadas.
Los responsables sanitarios argentinos tienen puestas sus esperanzas en el papel de las farmacias a la hora de exigir la correspondiente receta, y creen que van a evitarse “muchísimos” problemas de salud. Una encuesta mostró que los problemas de salud relacionados con medicamentos significan un gasto extra anual de 1.700 millones de pesos cada año. Además, se estima que el 12 por ciento de las consultas en hospitales están relacionadas con la automedicación o por la ingestión de remedios en mal estado. En las personas mayores, el uso de sedantes constituye una de las principales causas de caídas y fracturas óseas, y se ha comprobado que el 70 por ciento de este grupo de pacientes agrega a la lista de fármacos que le indica su médico otros medicamentos de venta libre por propia voluntad.
El texto de la norma aprobada por unanimidad por los senadores argentinos señala que “la venta y el despacho fuera de estos establecimientos (farmacias) se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal”. Toda una declaración de principios, clara y sucinta, para intentar desandar lo andado, aunque no se pueda evitar el daño generado en el trayecto argentino. Mientras, en Europa miramos hacia otro lado para no ver los efectos de una liberalización que empeoraría la prestación farmacéutica que reciben los ciudadanos y en particular los españoles. Argentina ha sido un banco de pruebas que debería dar mucho que pensar para no tener que lamentar algo que es posible evitar.
