| viernes, 09 de enero de 2015 h |

En las últimas semanas, varios responsables políticos han visitado a los afectados que se encerraron en el Hospital 12 de Octubre, de Madrid, para reclamar el acceso urgente a sus tratamientos. Pero Podemos y UPyD dieron un salto cualitativo al entrar de lleno en la precampaña electoral con la financiación y el acceso a los últimos tratamientos para la hepatitis C. Al menos así lo interpretan fuentes del sector sanitario que no han tardado en pronunciarse contra la idea lanzada desde ambas formaciones para que el Gobierno trate la hepatitis C como una cuestión de salud pública y emita una licencia que le permita fabricar el medicamento Sovaldi (sofosbuvir DCI) como un medicamento genérico para todos los afectados por esta enfermedad.

La idea deja tras de sí, en primer lugar, una duda a nivel competencial. Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran que “las agencias de medicamentos no son competentes en materia de patentes, o al menos no hay precedentes de ello”. Asimismo, no creen que exista “base legal” que permita saltarse el periodo de protección de datos. En todo caso, añaden, una iniciativa en ese sentido deberían adoptarse a nivel europeo, y no de un solo país. Esta versión contradice la que ofrece UPyD, que recuerda que el debate sobre el acceso a las innovaciones farmacológicas ya está instalado en la UE y que la propia Comisión Europea considera que solo los Estados miembro pueden decidir sobre los medicamentos innovadores que suministran para las enfermedades como la hepatitis C, tal y como establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

“Corresponde a los Estados miembro decidir la manera de conceder a los ciudadanos de la UE el acceso a tratamientos medicamentosos innovadores”, señaló el comisario europeo de Salud, Vytenis Andriukaitis, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la eurodiputada Beatriz Becerra, que había demandado la posición de la CE sobre el fármaco sofosbuvir en España.

Una “medida tercermundista”

Independientemente de quién tenga la competencia, la pregunta que plantea la solicitud de Podemos y UPyD es si cabe aplicarla en España y, más concretamente, para los tratamientos de la hepatitis C. Desde el sector consideran que, a la hora de proponer una medida como ésta, sus ‘autores’ pueden no estar teniendo en cuenta las consecuencias negativas de expropiar una patente.

A la hora de plantear esta cuestión, UPyD no solo tiró del precio (planteó como alternativa que Gilead baje el precio de Sovaldi “a niveles razonables de más de 100 euros”) sino de la comparación internacional e instó a España a comportarse “al igual que han hecho otros países”. El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, desmonta este argumento señalando que “expropiar solo tiene sentido cuando existe una situación grave de salud pública, pero no es la situación de España”. El diputado socialista cree que se trata de una medida “tercermundista que no ofrece seguridad jurídica a ninguna compañía innovadora”. La vía, para el PSOE, no pasa por expropiar, sino por dar garantía jurídica de respeto a las patentes.

La misma idea lanza desde la industria farmacéutica. “Lo normal sería llegar a acuerdos puntuales si existe algún problema de salud pública. Lo lógico es respetar la patente porque está hecha para recuperar la inversión de un producto”, señala una fuente del sector que considera la iniciativa un “canto al sol” motivado por el año electoral.

Otras fuentes del sector instan a reconocer que España ha sido uno de los primeros países europeos en incorporar los medicamentos de última generación contra la hepatitis C y que existe un compromiso de las autoridades para hacer posible que todos los pacientes para los que hay recomendación clínica (que no son todos) acaben beneficiándose de estos nuevos tratamientos. Todas las esperanzas están puestas en el Plan Nacional puesto en marcha. En este sentido, las mismas fuentes añaden que “lo que hay que hacer es un diagnóstico claro de cuántas son las personas que es necesario atender, y un protocolo de actuación para que los profesionales, actuando de forma independiente y con criterios clínicos, definan la atención sanitaria con las nuevas terapias”.

El PSOE también cree que expropiar la patente de Sovaldi no solucionaría los problemas de los pacientes. Según Martínez Olmos, el problema es que el gobierno “debería haber negociado un mejor precio” y ahora “no asegura una financiación adecuada para estos tratamientos”. Recuerda ante ello que “es posible” fijar un presupuesto específico, como pidió el PSOE durante el debate de los PGE. “Se trata de una cuantía [entre 500 y 800 millones de euros, según las organizaciones profesionales] que, aun siendo importante, España puede permitirse ya que no superaría el 2 por ciento del presupuesto sanitario nacional”.

Sanidad escuchará a los pacientes. El presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP), Alejandro Toledo; y sus vicepresidente, Tomás Castillo y el presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (Fneth), Antonio Bernal, formarán parte del comité de expertos que trabajarán en la elaboración del Plan Nacional para la Hepatitis C. Los pacientes habían acogido con satisfacción el anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, sobre inicio de los trabajos para elaborar esta estrategia, ya que esta medida es una de las conclusiones principales del informe sobre hepatitis C elaborado en junio de 2014 por un grupo de expertos de la AGP. Y la Alianza, a través de su presidente, escribió al Ministerio ofreciendo su colaboración en el diseño de esta estrategia, lejos de partidismos y bajo la estricta perspectiva del paciente.

La carta ha obtenido una respuesta positiva por parte del Ministerio, que podrá escuchar las aportaciones de los pacientes. A este respecto, Bernal ha mostrado sus dudas de que este plan pueda resolver por completo la situación de los enfermos. El verdadero escollo, insistió, está en las comunidades autónomas, que siguen aferrándose a las indicaciones que recoge la guía de sanidad para justificar que cumplen con los criterios establecidos. El primer paso, en su opinión, sería eliminar este documento y partir de cero. Por ahora, la Fneth no ha tenido noticias de que haya cambios para empezar a aplicar los nuevos tratamientos en los 6.000 pacientes que baraja el ministerio. Para cumplir ese compromiso, asegura Bernal, tendrían que haber empezado a administrarlos ya, y no ha sido así.

Según Alonso, la Estrategia elaborará un registro de los pacientes tratados y se evaluará la eficacia en la práctica clínica, con el objetivo de proporcionar a todo paciente el medicamento que más se corresponda con su sintomatología. Así, Alonso instó a “dejar prescribir a los médicos y no hacerlo desde las plazas de las ciudades”. De igual modo, aseguró que los criterios económicos no primarán sobre los médicos.