Santiago de Quiroga
Presidente Editor de EG
| viernes, 21 de febrero de 2014 h |

El actual presidente del COFM, Alberto García Romero, me ha remitido una amable carta, que han recibido también todos los farmacéuticos de Madrid. A mi juicio, no consigue rebatir mi artículo que cuestionaba la neutralidad del proceso electoral (ver EG núm. 643). Un artículo que ha sido el más leído de la edición digital de elglobal.net, que OJD ha vuelto a confirmar que ha sido seguida en enero por 54.000 usuarios, además de los lectores de las cuatro ediciones en papel de dicho mes. Lo que eran dudas en mi artículo, acerca de la transparencia del proceso electoral, es ahora certeza a juzgar por lo que ha ocurrido en estos últimos días: creo que no se ofrecen garantías para los colegiados en estas elecciones. Los hechos son los siguientes:

Existen cuatro candidaturas presentadas en tiempo y forma a las elecciones del 23M, y ya lo adelantó Marichu Rodríguez en diciembre pasado. Esta candidata solicitó en voz alta durante la asamblea ordinaria (en un contexto que debo reconocer me pareció poco oportuno entonces) que el proceso electoral transcurriera con garantías y transparencia. El e-mail enviado a las 22:00 h del jueves pasado a la candidata Alexia Lario, en el límite del plazo que la mesa electoral (ME) tenía para responder, confirma que las alegaciones que se realizaron a la candidatura de la presidenta de Adefarma, no se sustentaban. Para inhabilitar su candidatura, la ME se ha centrado en el vocal de Ortopedia, tras ver imposible mantener el resto de las cinco incidencias, soportadas por una prueba documental amplia por parte de Alexia Lario. Se trata de una trampa burda, elaborada con osadía hasta el límite, por una ME que también ha entrado en campaña, quizás por omisión. ¿O alguien lo duda? La propia ME en su escrito de rectificación que me solicita, que se incluye en este número de EG, aclara su cometido utilizando argumentos legales con mucha soltura, como los que hacen referencia a la vulneración de su derecho al honor. Afirman mis compañeros farmacéuticos de la ME, que ningún letrado les dicta lo que tienen que decir o hacer, ni ninguna secretaria interviene y “se ocupa”. Pero no aportan pruebas, mientras que las fotografías y las declaraciones de personas que lo han visto y presenciado, dicen lo contrario. Luis González, actual secretario de la junta de gobierno, ha nombrado a la secretaria administrativa de enlace, Rocío Funes. Como candidato, Luis González debería haberse inhibido, y ni siquiera firmar los certificados de los candidatos a las vocalías. La relación de este candidato a presidir el COFM con los mecanismos electorales es tan evidente, que no aguantaría un careo con Alexia Lario ante un juez. Ni quizás con testigos presenciales. La lista es larga.

La ME en su escrito, afirma que existe una “Dirección de Coordinación …aceptada y confirmada” por la propia ME. Yo no lo pongo en duda. Pero las normas electorales no dicen nada de esta figura. Una prueba más de alteración de la neutralidad del proceso electoral. Testigos presenciales han podido ver y escuchar el diálogo entre personal del COFM y los miembros de la ME. La propia carta que me remite la ME está redactada por letrados, la misma carta en la que niegan ningún tipo de contacto con letrados del COFM. Quizás el trabajo del letrado externo justifique los 10.000 € de asignación presupuestaria que se han contemplado. Asegurarse que la interpretación de las normas electorales impide a un candidato presentarse a su legítimo derecho de concurrir a unas elecciones, pasa por el jurista asesor que va a valorar esa candidatura. Si la letrada del COFM María del Mar Jiménez no interviene en el proceso electoral y “carece de acceso a la documentación de los candidatos”, ¿cómo explica la actual junta de gobierno su presencia en los actos de la mesa electoral como demuestran las fotografías? Y si el propio candidato, actual secretario del COFM, interviene en la selección de asesores jurídicos externos con una lista propuesta, ¿cómo puede garantizar que no puede influir en sus decisiones? La profundidad de la revisión de la documentación de la candidatura de Alexia Lario, así como la interpretación de las normas electorales, pone en evidencia el esfuerzo jurídico de una inexperta ME. ¿De verdad alguien cree que la ME acostumbra a este tipo de escritos y subsanaciones? Si existían ciertas incidencias en varias candidaturas, ¿por qué razón y en qué apartado de las normas electorales se dice que tres pueden proclamarse y la cuarta, de Alexia Lario, es inelegible?

Todos podemos juzgar si son sólidas las pruebas aportadas por la candidatura injustamente inhabilitada de Alexia Lario. Esta ha decidido pedir amparo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque se han vulnerado sus derechos fundamentales. Sin duda es evitar un inútil recurso de reposición, como establecen las normas electorales, ante la misma ME que en dos ocasiones ya les han negado la evidencia aportada. Que el proceso electoral debería suspenderse es algo que un juez, con el debido tiempo, podría fácilmente dictaminar, para defender el derecho a presentarse a unas elecciones que no garantizan el derecho a escoger libremente a los representantes farmacéuticos.

Ni la institución colegial, ni los farmacéuticos, ni los empleados honrados del COFM se merecen esto.

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No deberían celebrarse las elecciones del 23M al COFM, ya que no ofrecen garantías a todos los colegiados. Los candidatos deberían renunciar a presentarse o un juez parar las elecciones.

Las autonomías gastan desde 2003 un 38% más per cápita en Sanidad, mientras que el gasto en medicamentos baja un 6%. ¿Puede la innovación incorporarse en estas condiciones?

Los ahorros en Sanidad deberían revertir en el mismo sistema sanitario, y preservar así su calidad.

El Pacto Sanitario se para en el Congreso y el dictamen de la subcomisión que lo estudia se votará en marzo. Eterno y casi imposible, parece.

El CGCOF ha realizado un pacto profesional que no entra en aspectos salariales. Los sindicatos no tienen razón al criticarlo.

La influencia de Luis González en el proceso electoral es tan evidente que no aguantaría un careo con A. Lario ante un juez