| domingo, 19 de octubre de 2008 h |

El Ministerio de Sanidad sigue defendiendo su papel en la I+D biomédica. Orgánicamente ya no dispone del Carlos III, pero sigue participando de sus iniciativas. Prueba de ello será la presentación, en el próximo Consejo Interterritorial o al siguiente, del Plan de Investigación Biomédica del instituto. Según señaló durante su participación en el Foro Nueva Economía, la idea de Bernat Soria es la de ir al foro de los consejeros acompañado de su homóloga de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, si bien la participación de la ministra de Ciencia en el CISNS no está todavía confirmada. Lo cuestionó la propia Garmendia, alegando que aún no se han perfilado las actuaciones y poniendo en duda que el foro más adecuado para presentarlas sea el Consejo Interterritorial, aunque reconoció que sería el más fácil.

carlos b. rodríguez

Madrid

El desarrollo de los sistemas y programas autonómicos de investigación, desarrollo e innovación, es un hecho diferenciador claro frente a la situación de 1986 que la nueva Ley de Ciencia debe reconocer y apoyar. Para ello es precisa una interacción adecuada entre el Estado y las comunidades autónomas que, respetando la competencia de cada uno, incremente las sinergias y evite duplicidades e ineficiencias del sistema. El sistema actual no convence al Ministerio de Ciencia e Innovación, que estudia la posibilidad de utilizar una conferencia sectorial, como ocurre con otras políticas públicas.

“Consejo Territorial de Ciencia y Tecnología”. Así se denominaría el organismo que podría sustituir al actual Consejo General de Ciencia y Tecnología, cuyo funcionamiento es “mejorable”, según consta en un documento elaborado en el seno del grupo de trabajo nombrado por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, para elaborar el borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Ciencia. Según sus autores, “conviene repensar” la utilidad del Consejo actual y crear una estructura mejorada que le de más fuerza y capacidad de actuación.

Otro de los grandes objetivos de la nueva ley es hacer que la ciencia y la tecnología estén más presentes en el conjunto de la sociedad española de una manera visible. Desgraciadamente, en la situación actual la interacción es muy baja, señalan los expertos, que también creen “mejorable” el funcionamiento del actual Consejo Asesor formado por representantes de agentes sociales. El documento que han redactado, y que ha sido objeto de debate en unas jornadas organizadas en el CSIC, propone analizar la conveniencia o no del mantenimiento de un Consejo de Participación Social.

I+D en las empresas

La creación de un entorno más favorable a la generación de I+D desde el sector privado es un objetivo constante de las políticas económicas. La futura Ley de Ciencia tendrá en cuenta aspectos financieros, laborales y regulatorios para mejorar todas las fases relativas a la I+D+i.

Entre las medidas a tener en cuenta, según el grupo de expertos encargados de elaborar el proyecto de ley, se encuentran los incentivos fiscales a los inversores privados; la simplificación de los procedimientos de emisión de autorizaciones (licencias, homologaciones, concesiones, inscripción y registros, listas oficiales…) para empresas; y la agilización de los procedimientos para el reconocimiento profesional de extranjeros.

La investigación traslacional, uno de los fallos tradicionales del sistema español de I+D, podría favorecerse con incentivos a la financiación privada para fases posteriores a la propia de I+D, una tarea para la que también podrían cumplir una misión parecida los incentivos a la internacionalización de las empresas. No en vano, uno de los retos a los que se enfrentan los sistemas de I+D de Europa es la construcción del Espacio Europeo de Investigación, en el que España quiere jugar un papel clave. Hasta ahora su rol se basaba en mejorar los retornos del Programa Marco. Los expertos apuestan por ampliar el número de programas de cooperación, fuera incluso del ámbito comunitario.